Morena quiere cercenar la historia, la independencia del árbitro electoral y el prestigio de la prensa independiente en un país donde periodistas y activistas han contribuido a la transición mucho más que los partidos.
Los aportes de la prensa independiente han sido tan grandes que la Constitución de 1917 consagró el respeto a la libertad de expresión porque hubo medios que combatieron a las dictaduras de Porfirio Díaz, Victoriano Huerta y la larga noche del autoritarismo priista. También fueron muy activos en lograr que en 2002 se creara el ahora cercenado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
A finales de 1993 Carlos Salinas de Gortari controlaba todos los hilos de la sucesión presidencial. El primero de enero de 1994 los zapatistas modificaron el guion. Cuando Jorge Carpizo entró a Gobernación convocó a los partidos más votados (PRI, PAN y PRD) para construir instituciones electorales imparciales usando como método la "consulta y el consenso". En marzo de aquel año apareció Alianza Cívica, una coalición de más de 400 organismos de la sociedad civil que presionaron por la limpieza electoral documentando una elección que mezclaba los vicios habituales con la modernidad democrática.
Con la reforma electoral de 1996 los partidos tuvieron la oportunidad de sentar las bases de una mejor democracia, pero les ganó la codicia y excluyeron a la sociedad para apoderarse de la vida pública. Ante el fracaso de los panistas y los priistas era lógica la victoria de la izquierda.
Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la sociedad civil y la prensa crítica para borrar sus aportes a la transición y erigirse, él y su movimiento, en protagonistas únicos. La colonización de los institutos y tribunales electorales tenía una lógica más cruda: mantenerse en el poder. Al mismo tiempo pervirtió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al poner a una incondicional.
Y así llegamos a 2020 cuando Morena retocó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dieron a las instituciones electorales la capacidad de "sancionar […] las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres". En algunos casos se han resarcido los derechos de la mujer política, algunas mujeres también encontraron la forma de utilizar a los árbitros electorales para golpear la libertad de expresión y frenar las revelaciones sobre sus excesos o corrupciones.
Ya ha sido documentado el caso de la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras (alias Dato protegido): el tribunal electoral obligó a la ciudadana Karla Estrella a disculparse durante 30 días. Por ahora, gana el protagonismo de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien con el apoyo de las autoridades electorales incluso ha logrado anticiparse a las críticas con medidas cautelares inconstitucionales.
Al respecto, y como parte de una investigación más amplia, Propuesta Cívica (PC) -organización de defensa de periodistas y defensores que presido- encontró que entre 2020 y 2025 han sido sancionados 85 periodistas y 120 ciudadanos. Algunas sanciones se justifican, otras son aberraciones y abusos de mujeres política o económicamente poderosas que se suman a las difamaciones, amenazas y asesinatos que han transformado a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
Este lunes la presidenta dio el banderazo de salida para una profunda reforma electoral que, entre otras muchas cosas, busca reducir el absurdo costo de partidos despreciados por la ciudadanía y la infiltración criminal en elecciones y gobiernos. Algunos propósitos son buenos pero el método elegido es aberrante: la comisión presidencial está integrada por siete miembros de Morena con cargos en el Ejecutivo. Tendrán la reforma que se les antoje porque sus mayorías en el Congreso de la Unión son dignas sucesoras de las borregadas priistas.
¿Qué hacer ante un ataque tan metódico contra los árbitros electorales imparciales y la libertad de expresión? Una opción es aprovechar la convocatoria de la comisión presidencial para solicitar un cambio: equiparar a los periodistas, académicos y activistas difamados por funcionarios que llegaron al cargo por alguna elección, con las mujeres violentadas. Si a ellas las protege el INE y el TEPJF, ¿por qué a nosotros no?
Si nos quieren silenciar, no nos podemos dejar. Si dejamos que cercenen la historia, el árbitro y la prensa, pronto no quedará democracia que defender.
