“¿Dónde hay censura en México?” Claudia Sheinbaum, 25.06.2025
Una vez más se ha concretado un acto de censura. Como en ocasiones anteriores, la responsable no ha sido la Secretaría de Gobernación, sino una autoridad electoral. El instrumento es una legislación electoral sobre violencia política de género que se usa para impedir investigaciones sobre corrupción, en violación a los artículos sexto y séptimo de la Constitución que garantizan la libre manifestación de las ideas y su difusión.
El nuevo caso ha sido impulsado por la alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, quien denunció al medio digital Acapulco Trends y a su director, Jesús Castañeda, por violencia política de género. El delito fue publicar información sobre un presunto desvío de 898 millones de pesos. El tema ha sido ventilado públicamente; la alcaldesa, de hecho, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para evitar que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero pudiera revisar el uso de esos recursos, entregados por el gobierno federal como apoyo a Acapulco tras el huracán Otis. El Tribunal Electoral de Guerrero le regaló a la alcaldesa un fallo que obliga a Acapulco Trends a disculparse públicamente 15 días consecutivos y a publicar durante 30 días un extracto de la sentencia. Debe, además, pagar una multa de 20 mil pesos.
No es el único ejemplo de censura. Está el caso de Karla Estrella. Tras una denuncia por violencia política de género de la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, "dato protegido", por haber sugerido en X que fue seleccionada como candidata al Congreso por influencia de su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, coordinador de los diputados federales de Morena, el Tribunal Electoral federal le impuso a esta ama de casa de Hermosillo la sentencia de ofrecer disculpas públicas 30 días consecutivos. A Héctor de Mauleón y al periódico El Universal el Instituto Electoral de Tamaulipas los condenó, también por violencia política de género, porque señalaron una red de protección al huachicol que involucraba al exadministrador de operación aduanera, Juan Carlos Madero Larios, y a su cuñada, la actual presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras López. La denuncia venía del exsecretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval. Por otra parte, tras una denuncia por incitación al odio, violencia, difamación y calumnias, una juez de Campeche ha ordenado que el periódico digital Tribuna de Campeche y su exdirector, Jorge Luis González Valdez, tengan "interventores" que ejerzan censura previa a todo lo que escriban o declaren.
Las acusaciones de violencia política de género se usan cada vez más para acallar trabajos periodísticos sobre corrupción. El Comité de Protección de los Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York ha pedido a la gobernadora Sansores que cese el acoso judicial a Tribuna y al periodista. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado su "profunda alarma ante el resurgimiento de mecanismos de censura en distintos estados de México, materializado en decisiones judiciales que vulneran la libertad de expresión, iniciativas legislativas regresivas y presiones administrativas contra medios de comunicación independientes".
El Índice Chapultepec de la SIP muestra que "México se encuentra entre los países con mayores restricciones estructurales a la liberta de prensa en el hemisferio occidental". Cada semana parece traernos un nuevo caso de censura en el país en el que no existe la censura.
¿ILEGAL?
Al hablar ayer sobre el retiro de Iberdrola de México por falta de certeza jurídica, la presidenta Sheinbaum afirmó que la empresa generó electricidad "a partir de un esquema que no era legal", las sociedades de autoabastecimiento. Sin embargo, la figura era legal hasta que la 4T la prohibió. En los transitorios de la nueva legislación, el gobierno aceptó respetar los contratos ya firmados hasta su expiración.
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