El Derecho no es cosa simple. La tradición jurídica mexicana tampoco lo ha sido. Cientos de nuevas juzgadoras y juzgadores se incorporarán al Poder Judicial entre estos días y el 1º de septiembre. A ellas y ellos dirijo esta reflexión sobre el futuro de la justicia. No pierdan de vista que, más allá de los nuevos métodos de elección, llegan a un Poder Judicial deficiente, sí, pero que ha contribuido a la transformación social del país y no debe dejar de hacerlo. Pero ¿en qué consiste esta transformación social y cómo se ha ido desarrollando en México? Vamos por partes.
Bien dice Manuel Atienza que poner la emancipación social al centro del Derecho "no puede significar otra cosa que hacer avanzar los valores del socialismo democrático. Dicho de otra manera, supone una transformación social todo aquello que contribuye a una sociedad más igualitaria y menos excluyente, en la que todos tengan la oportunidad de desarrollarse como seres autónomos". Siguiendo a Atienza, lo que le corresponde a ministros y juzgadores es claro: ampliar los derechos, defender a los ciudadanos ante los abusos el poder y, sobre todo, dirimir los conflictos cotidianos de la manera más justa, más pronta y más accesible posible.
Desde su origen en la Constitución de 1824, la Suprema Corte se introdujo como un contrapeso mediante la división de poderes. Un par de décadas más tarde, en 1846, se introdujo el juicio de amparo y un sistema de controles de constitucionalidad. Con estos controles se establecía la posibilidad de que algún representante reclamara como inconstitucional alguna ley recientemente aprobada por el Congreso en el lapso del primer mes posterior a su publicación. Así se fue construyendo el poder normativo real de la Constitución.
La reforma jurídica iniciada en 1994 y continuada con las reformas del 96 y el 99 confirieron mayor poder como tribunales constitucionales a la Corte y los Tribunales Federales de manera que se convirtieron en verdaderos contrapesos al Ejecutivo y el Legislativo. Un contrapeso sirve como mecanismo de emancipación social en la medida que funciona como una línea de combate ciudadano ante el poder. Luego, la reforma de 2011 fijó un paradigma de derechos humanos que mediante el bloque de constitucionalidad incorporó los derechos provistos en los tratados internacionales a la Constitución y permitió ir más allá de lo legislado en la Carta Magna.
La historia de la justicia constitucional en México exhibe un progreso de gran calado y aplastarla por capricho fue una afrenta contra los derechos y la democracia. Pero lo hecho, hecho está y ahora nos corresponde hacernos cargo. Los nuevos miembros del Judicial tendrán que estar a la altura de la tradición y del futuro. Porque, si bien el Judicial estuvo lejos de ser perfecto, muchas de las personas juzgadoras que se van tenían un piso mínimo de entendimiento del fenómeno jurídico. Había un lenguaje común, una formación compartida que permitía establecer un perímetro de lo razonable en cuanto a la interpretación y operación del Derecho. Eso, me temo, ya no existe.
Por ello, entre la turbulencia del cambio, invito a las juzgadoras y juzgadores a asumir su responsabilidad histórica y sensibilizarse ante la investidura que se les confirió. Les invito a no abandonar la centralidad de los derechos fundamentales y a limitar al poder cuando éste pretenda extralimitarse. No podemos permitir dar pasos atrás porque los derechos humanos no permiten desvíos, sino que exigen apertura ante su carácter progresivo. Espero que las nuevas juzgadoras y juzgadores -desde juzgados y las magistraturas locales, pasando por los Tribunales Federales, hasta la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina- sean auténticos defensores de la ciudadanía y no un arma partidista más.
El reto más acuciante, sin embargo, no está en la justicia constitucional, sino en la cotidiana. Los tribunales locales son los que tienen la carga más importante y donde la justicia o injusticia se encarna a diario. Necesitamos contrapesos y limitar al poder, sí, pero nos urge poner el acento en aquello que cambia la vida de quienes deciden tomar la vía legal para resolver un conflicto. Es en los asuntos civiles, penales y familiares donde se les va, literalmente, la vida de las personas. Son esos expedientes que duran años congelados, son aquellos en prisión sin sentencia, son esas personas que no ven su vida cambiar porque un juez no quiere trabajar. Todos esos son los verdaderos problemas de México.
Les quitaron la independencia y la autonomía, pero ustedes decidirán si enfrentan el porvenir con dignidad…o no.
