La destrucción del Poder Judicial ofrece el itinerario. La democracia constitucional mexicana murió con fraudes.
Dentro de unas semanas comenzará, con toda formalidad, la monodia autoritaria. Tomarán protesta de sus cargos los integrantes de la nueva Corte y del flamante tribunal del látigo. Habrá terminado la polifonía que entrelazaba distintas voces, distintas melodías, distintos ritmos. Todas las piezas del Estado cantarán a una sola voz.
Se pintó al juez como el enemigo del pueblo. Desde el gran poder se emprendió una campaña feroz que lo culpabilizaba de las peores atrocidades: burócrata opulento, defensor del privilegio, cómplice del crimen, enemigo del voto. Se encargó a militares la función de describir sus traiciones frente a la nación. La reforma que se propuso no tenía más lógica que ser vehículo de un escarmiento. No la precedió un diagnóstico sino el rencor. Se trataba de castigar a los insolentes y de segar las bases de la independencia y del profesionalismo judicial. Se torcieron las reglas para entregarle a la mayoría una representatividad que no le confiaron los electores. Se compraron senadores para alcanzar los votos necesarios para dar el golpe definitivo a la separación de poderes. La corrupción parlamentaria se exhibió orgullosa y cínicamente. Los voceros del gobierno ofrecieron argumentos para justificar la compra del voto definitivo. Las instituciones electorales consintieron o abarataron todas las ilegalidades. Finalmente se puso en marcha un operativo ilegal para poner a delegados del régimen en las posiciones de mayor relevancia.
La destrucción del Poder Judicial ofrece el itinerario del cambio de régimen en su último impulso. Tras la caza del culpable absoluto, una compleja maquinación fraudulenta. La autocracia burló la ley para implantarse. Desde 2018 el país vivió un proceso de autocratización. Debilitamiento de las instituciones independientes, eliminación de contrapesos, colonización de organismos autónomos, hostigamiento de la crítica. Pero el acelerón autoritario de 2024 no solamente fue un cambio de velocidad sino de mecanismo. Muchas normas esenciales se cambiaron en cortísimo tiempo y sin deliberación parlamentaria alguna. Pero la marca esencial de ese proceso no fue la velocidad sino el descaro con que se rompió la ley. Los cambios constitucionales no fueron, como los justifica el nuevo régimen, consecuencia de una victoria avasalladora. Por el contrario, fueron producto de una apretada cadena fraudulenta. Así murió la democracia constitucional mexicana. No por votos, sino con fraudes.
Esa cadena fraudulenta comenzó con la formación de una supermayoría espuria. Por supuesto, los votantes le dieron a Morena y a sus aliados la Presidencia y el control de ambas Cámaras federales. La voluntad electoral fue muy clara para dar poderes amplios al oficialismo. Lo fue también al fundar los límites de ese poder: permiso de hacer la ley, no de reescribir la Constitución. La clave de la fundación autoritaria fue el sometimiento del tribunal electoral. Fue suficiente la subordinación de tres jueces para dejar caer la navaja sobre el pluralismo democrático. Con su entrega, el supremo tribunal electoral se convirtió en la brocha de legitimación del nuevo.
El reporte sobre la elección judicial que han publicado José Ramón Cossío y Jorge Alberto Medellín documenta el último eslabón de ese gran fraude. Se trata de una radiografía valiosísima del episodio electoral de la captura. El cambio se vendió como una legitimación democrática del Poder Judicial. Si todos los poderes se deben a la gente, los jueces deberían surgir de la misma fuente. Así habrá jueces cercanos y sensibles. Con ese cartel se promovió el producto. En realidad, la desangelada elección judicial fue una imposición de la maquinaria oficial. Detrás de los nuevos jueces no hay ciudadanos que, con libertad, evalúan los méritos y las trayectorias de los candidatos, sino la aplanadora del oficialismo. Los patrones de votación registrada en junio siguen una única plantilla. Los autores no especulan sobre el fraude: lo muestran. "La cooptación, dicen los autores, no se infiere, se ve". En efecto: los votos en que se funda la "legitimidad popular" de los nuevos jueces son calcas.
La fuente del nuevo Poder Judicial no es el voto, sino el fraude, una larga cadena fraudulenta.
