Buscan tipificar como delito la corrupción inmobiliaria

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, presentó una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución Política, a fin de que el delito de corrupción inmobiliaria se incorpore al catálogo en el que el Ministerio Público solicite prisión preventiva oficiosa, dada su gravedad y efectos sociales.

Por lo anterior, el legislador federal sostuvo que es indispensable cerrar el paso a quienes en complicidad con funcionarios deshonestos, abusan del patrimonio de las familias y se enriquecen con prácticas ilegales que afectan directamente el derecho a una vivienda digna.

Explicó que la corrupción inmobiliaria se refleja en la colusión entre servidores públicos y desarrolladores para facilitar adjudicaciones directas de cambios de uso de suelo, compraventas ilegales de tierras ejidales, construcciones sin permisos y la comercialización de inmuebles que no cumplen con la infraestructura adecuada o que están fuera de la legalidad.

Subrayó que este fenómeno ha propiciado fenómenos como la gentrificación, desplazamiento, encarecimiento de la vivienda y desigualdad social, lo que se traduce en multimillonarios desfalcos en contratos con inmobiliarias y, al mismo tiempo, en problemas de acceso a servicios básicos en distintas comunidades, en perjucio de millones de familias mexicanas.

Mencionó que un ejemplo de lo expuesto, se registra en la ciudad de México, donde existen muchas denuncias de despojo que responden a contextos complejos, que van desde disputas familiares hasta operaciones diseñadas por funcionarios corruptos y operadores jurídicos que aprovechan la vulnerabilidad de la población.

“Son principalmente mujeres jefas de familia y adultos mayores quienes quedan indefensos frente a estas prácticas, pues carecen de recursos para litigar y defender su patrimonio. La falta de titulación legal agrava el problema y aumenta los riesgos de despojo y desplazamiento”, expuso.

Afirmó que los precios de la vivienda se han disparado en los últimos años. “En Querétaro, una vivienda cuesta en promedio 2 millones de pesos y en la capital del estado hasta 3 millones. En 2015, el precio nacional rondaba 1 millón de pesos, por lo que en tan solo una década se duplicó o incluso triplicó. Para millones de familias mexicanas hoy es prácticamente imposible adquirir un patrimonio propio”.

Indicó que dicha iniciativa parlamentaria, plantea que el Congreso de la Unión en un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, realice las adecuaciones correspondientes al Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de incluir el delito de corrupción inmobiliaria.

De igual forma, establece que los servidores públicos y particulares que en los 180 días anteriores hayan incurrido en conductas de corrupción inmobiliaria, deberán ser investigados bajo este nuevo marco jurídico.

Asimismo, el Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República tendrán un plazo de 180 días para emitir lineamientos de capacitación dirigidos al personal de obra, procuración de justicia y notariado, con el fin de reforzar la prevención y sanción de estas prácticas.

Finalmente, señaló que la Fiscalía deberá rendir un informe público anual en el que detalle los casos iniciados, sanciones aplicadas y mecanismos de prevención implementados.

“Con esta reforma buscamos un mensaje claro: en México no se tolerará la corrupción inmobiliaria. No más despojos, no más fraudes con la vivienda. Defender el patrimonio de las familias es una obligación del Estado y un acto de justicia social”, puntualizó.