“En efecto, no hay un solo episodio en que los controles de precios hayan funcionado para detener la inflación o la escasez”. Robert Lindsay Schuettinger, Forty Centuries of Wage and Price Controls
Para resolver los problemas generados por las malas políticas públicas, como el Bando 2 de Andrés Manuel López Obrador del 2000, que limitó la construcción de vivienda fuera de las delegaciones (hoy alcaldías) del centro de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada ofrece ahora su Bando 1. Dice que es un proyecto para promover "una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local", pero sus 14 acciones parecen diseñadas para reducir la oferta y aumentar los precios.
La razón principal de los altos alquileres en colonias capitalinas como La Condesa, la Roma o la del Valle es que hace mucho tiempo que no se construye vivienda para arrendar. Esto no es consecuencia de una inexplicable ceguera de los inversionistas ante las oportunidades de un mercado creciente, sino de unas políticas públicas que han hecho cada vez más riesgosa y menos rentable la construcción o habilitación de vivienda de alquiler. La solución de la jefa de gobierno es volver todavía más incierto el negocio. La consecuencia será un aumento mayor en los alquileres y el fortalecimiento de un mercado negro que ya existe.
Este nuevo Bando 1 propone, por ejemplo, la "estabilización de rentas", lo cual limitaría los aumentos que un arrendador puede pedir a sus inquilinos. Es un control que deprimirá la oferta. La creación de un "índice de precios de alquiler razonable y zonas de tensión inmobiliaria", que el gobierno explica vagamente como la creación de "políticas integrales para fortalecer el tejido comunitario", amenaza con una intervención todavía mayor del gobierno, que decidirá cuál es el "alquiler razonable" y tomará otras medidas para limitar la libertad de los arrendadores. Con razón le corría tanta prisa a Martí Batres cuando era jefe de gobierno para borrar los derechos de propiedad de la constitución capitalina.
Crear una "defensoría de derechos inquilinarios" y promulgar una "ley de rentas justas y asequibles" significa que se reducirán todavía más los derechos de los dueños sobre sus propiedades. El ofrecimiento de "vivienda pública sostenible" y "vivienda en renta para sectores prioritarios" multiplicará los programas de clientelismo político. Los grupos cercanos al gobierno y a Morena recibirán vivienda barata, y habrá mucha corrupción para obtenerla; el resto, pagará más para alquilar o no encontrará vivienda.
Dice Brugada que estos programas se han aplicado en ciudades como Nueva York, cierto, con resultados positivos, falso. Los programas de estabilización han provocado desplomes de la oferta de vivienda y aumentos en los alquileres en todos los lugares en que se han usado. Algunos inquilinos con contratos de hace décadas se han beneficiado, pero para la mayoría los arrendamientos se han vuelto inalcanzables. El alquiler de un apartamento en Nueva York cuesta hoy 136.6 por ciento más que en Houston, donde no hay estabilización; en San Francisco, es 46.6 por ciento mayor que en Chicago (numbeo.com).
Tanto López Obrador como Brugada piensan que si el gobierno con sus bandos despoja a los arrendadores de sus derechos, los alquileres bajarán milagrosamente. Son, por supuesto, unos bando-leros, pero la experiencia en México y en otros países nos dice que violar los derechos de los arrendadores solo reduce la oferta y eleva los alquileres.
INFLUENCIA
Donald Trump arremetió nuevamente ayer y cuestionó la influencia de los cárteles sobre el gobierno de nuestro país: "No podemos permitir que eso suceda -dijo--. Las autoridades mexicanas están petrificadas". Poco importa ya si los lazos con el narco son reales o no, o si el gobierno mexicano ha abandonado la política de abrazos y no balazos. Lo relevante es que estas amenazas son cada vez más un riesgo de seguridad nacional.
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