Miles de personas víctimas de la guerra civil en Guatemala cruzaron la frontera deMéxico buscando seguridad en los años setenta. Huyeron de la violencia, la represión y la profunda desigualdad en un país donde el tejido social estaba desgarrado. Uno de los muchos testimonios que recogió el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica de Guatemala recuerda: “Cuando fueron perseguidos había algunos que tenían 3 o 5 hijos; si no podían correr o caminar, los dejaban tirados porque los padres no querían morir. Ya no podían llevar a sus hijos porque entre disparos salían”.
La violencia no solo impactó a Guatemala, sino también a Nicaragua y El Salvador. Centroamérica bullía en conflictos armados y revoluciones sociales: elementos de un explosivo coctel de conflicto social que obligó a miles de personas a cruzar México en busca de protección. En 1980, el presidente José López Portillo creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), cuyo objetivo, según el decreto presidencial, era “apoyar en la atención en sus necesidades inmediatas después de haber obtenido asilo en el país”. El espíritu de la COMAR quedó definido con claridad en su documento fundacional: “nuestro país ha sentado en su vida independiente una tesis inalterada de asilo a quienes sufren persecución”.
La COMAR ha experimentado un proceso de transformación a raíz de los acontecimientos a los que ha dado respuesta y a la nueva arquitectura institucional queMéxico no tenía en sus respuestas humanitarias en el siglo XX. En 2000, México firmó la Convención del Estatuto de los Refugiados y en 2011 se institucionalizó esta adhesión con la promulgación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.
Este proceso de adaptación institucional, que significó la creación del sistema de asilo en México, tuvo su primer gran reto operativo en 2016, cuando el número de solicitantes de asilo comenzó a aumentar de manera exponencial. Ese año también se reformó la Constitución para establecer en su artículo 11 el derecho a buscar y recibir asilo, tal como lo consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Más de 600,000 personas han solicitado asilo en México desde 2016. En este lapso, la COMAR ha otorgado asilo a más de 150,000 personas. Gracias a la COMAR, las personas que necesitan protección logran acceder a procedimientos de asilo cada vez más confiables y efectivos, mediante los cuales pueden acceder a servicios públicos y ejercer sus derechos.
La COMAR ha incrementado su capacidad de procesamiento cinco veces desde 2018. En sus orígenes, la institución concentró la respuesta humanitaria en la frontera sur; hoy tiene presencia en 13 ciudades, incluyendo localidades del centro y norte del país que han apostado por la integración local. Ciudades como Tijuana, Saltillo,Monterrey y Guadalajara, en donde miles de personas que buscan protección enMéxico han tenido oportunidad de rehacer sus vidas con dignidad y respeto a sus derechos.
En un escenario global donde las instituciones que protegen a las personas refugiadas se ven amenazadas por el avance de la xenofobia, el racismo y los discursos de odio, es digno de reconocimiento que el Estado mexicano haya mantenido durante 45 años la operación de la COMAR, fortaleciéndola con un marco jurídico y mayores capacidades desde su creación frente al éxodo centroamericano. Pero la realidad actual, en un contexto de fuerte polarización sobre lamovilidad humana, exige irmás allá y reforzar los esfuerzos para responder a quienes huyen de la violencia en sus países.
El principal reto es la falta de presupuesto suficiente para construir las capacidades de respuesta ante el aumento de solicitantes de asilo enMéxico. Esto sumado a la falta de alternativas de regularización para las personas que no han huido de la violencia, ha sobrecargado el sistema de asilo. La evidencia es clara: la violencia e inseguridad continúan siendo una causa de salida de población. De lasmás de 14,000 personas entrevistadas en 2024 para el monitoreo de protección de ACNUR, 52 por ciento refirió la persecución y la violencia en sus países como causa de salida y 41 por cientomencionó que México era su país de destino final.
En los últimos 10 años, 52,000 personas refugiadas aportaron en contribuciones fiscales anuales más de 280 millones de pesos, cinco veces el presupuesto de la COMAR. Si más población refugiada se viera beneficiada de la ruta de atención de la COMAR, ACNUR y aliados como el sector privado, la derrama económica sería mayor. Es un claro ejemplo de la fórmula “ganar-ganar-ganar”.
El Estadomexicano ganaría, la población refugiada ganaría y la poblaciónmexicana ganaría. Se necesita una visión estratégica y de largo alcance que pueda visualizar la política de asilo como una herramienta para potenciar el desarrollo nacional. Fortalecer a la COMAR, a 45 años de su fundación, puede ser, sin duda, el comienzo.
