Aprueba Congreso local reforma integral al Poder Judicial de Coahuila
Este lunes, durante la Décima Octava Sesión del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de la LXIII Legislatura, el Congreso del Estado aprobó un paquete de reformas al Poder Judicial de Coahuila con el objetivo de fortalecer su funcionamiento, garantizar la transparencia y acercar la justicia a la ciudadanía.
Las modificaciones reestructuran la organización judicial, incorporan nuevos órganos, promueven la justicia digital, y colocan los derechos humanos y la perspectiva de género como ejes centrales.
Nueva estructura institucional
Entre los cambios más relevantes está la redefinición del funcionamiento del Poder Judicial, dando mayor peso al Pleno del Tribunal Superior de Justicia como órgano máximo en lo normativo, jurisdiccional y de gobierno.
Se crean dos nuevas instancias clave: el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de la vigilancia y ética interna, y el Órgano de Administración Judicial, que supervisará la gestión y el funcionamiento administrativo del sistema.
Las reformas también establecen un sistema de carrera judicial profesionalizada, con reglas claras para el ingreso, evaluación, permanencia y ascenso de jueces, magistrados y demás personal. Además, se fortalece el Instituto de Especialización Judicial, y se incorpora un Código de Ética y Conducta de cumplimiento obligatorio.
Se suman nuevas instancias como la Visitaduría Judicial, para supervisión interna; el Observatorio Judicial, que promueve la participación ciudadana; y el Centro de Evaluación Psicosocial y Convivencia Supervisada, para dar atención especializada en casos familiares, especialmente con menores de edad involucrados.
Se contempla la implementación de juicios en línea, audiencias virtuales, notificaciones electrónicas y el uso de inteligencia artificial. Además, se introduce el concepto de justicia abierta, orientado a la transparencia total y participación ciudadana mediante herramientas digitales.
La nueva legislación establece como principio fundamental la incorporación de los derechos humanos y la perspectiva de género en todas las funciones jurisdiccionales. También prevé mecanismos internos para prevenir y sancionar prácticas como el acoso, la discriminación y la violencia laboral dentro del Poder Judicial.
La reforma propone una reconfiguración territorial de juzgados y tribunales, basada en criterios como la carga de trabajo, la población y el acceso a la justicia. El objetivo: una justicia más eficiente, cercana y equitativa para toda la población.
Finalmente, se fortalecen los mecanismos de transparencia, obligando a la publicación de estadísticas, informes anuales y evaluaciones externas. A esto se suman nuevos controles internos para asegurar un sistema judicial íntegro y confiable.
