El Departamento del Tesoro del vecino del norte, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió un contundente señalamiento contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, las cuales fueron identificadas como actores clave en esquemas de lavado de dinero provenientes del narcotráfico, particularmente en operaciones relacionadas con la adquisición de precursores químicos desde China para la producción de fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente, responsable de una crisis de salud pública en Estados Unidos. Su producción ilícita depende de precursores químicos que en muchos casos provienen de Asia, especialmente de China. Los cárteles mexicanos han sido señalados como intermediarios en esta cadena de suministro, y el flujo financiero que permite estas operaciones ha sido objeto de creciente escrutinio internacional.
Según las autoridades norteamericanas, las tres instituciones mexicanas desempeñaron un papel "vital y de larga data" en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, que incluyen transferencias de fondos desde México hacia empresas chinas involucradas en el envío de precursores químicos; creación de cuentas bancarias para facilitar operaciones de blanqueo de capitales; e incluso reuniones directas con miembros de cárteles, como en el caso de Intercam, cuyos ejecutivos habrían discutido esquemas de lavado con integrantes del CJNG.
Las sanciones impuestas por EUA prohíben a instituciones financieras estadounidenses realizar cualquier tipo de transferencia o relación comercial con CIBanco, Intercam o Vector. Estas restricciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
Por su parte, las instituciones mexicanas han negado categóricamente las acusaciones. Vector afirmó operar bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, mientras que CIBanco e Intercam aseguraron no tener vínculos con actividades ilícitas y expresaron su disposición a colaborar con las autoridades.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, solicitó pruebas contundentes al Departamento del Tesoro, argumentando que hasta ahora solo se han recibido datos generales y no concluyentes. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicó que, de momento, no se ha identificado evidencia que justifique acciones legales en México. Incluso, la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ayer por la mañana que la defendió en su habitual conferencia de prensa la integridad del sistema financiero mexicano y ha asegurado que el Departamento del Tesoro no ha compartido con su gobierno las pruebas sobre las que sustenta sus acusaciones: "Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ni una prueba que indique que hay lavado de dinero, son dichos, no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero", indicó.
Sheinbaum Pardo declaró que si existiesen pruebas se actuará, pero que sin esta información no se puede emprender ninguna acción legal. "Mencionar transferencias financieras entre empresas chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias como miles de transferencias entre empresas chinas y mexicanas", añadió. La mandataria hizo hincapié en que las autoridades mexicanas, al llevar a cabo sus propias pesquisas sobre las entidades financieras señaladas, solo encontraron faltas administrativas, mismas que ya fueron sancionadas con multas por 134 millones de pesos.
Subrayó que una vez que el Tesoro envíe las pruebas, su Gobierno lo acompañará en el proceso. "Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se actúa, administrativamente, incluso, penalmente, pero si no hay pruebas, no se puede actuar. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar con pruebas contundentes", dijo.
Sin embargo, o el Tesoro de Estados Unidos es más rápido que una centella o algo omitía la titular del poder ejecutivo federal, ya que en el transcurso del día de ayer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de las tres instituciones. Esta medida implica la sustitución de sus órganos administrativos y representantes legales, con el objetivo de proteger los intereses de los ahorradores e inversionistas mexicanos.
La intervención se aplicó con base en los artículos 129 y 141 de la legislación financiera mexicana, y busca garantizar la estabilidad del sistema financiero nacional ante las implicaciones de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
No deja de llamar la atención que uno de los nombres que más ha resonado en este escándalo es el del empresario Alfonso Romo Garza, fundador y propietario de Vector Casa de Bolsa. Romo, conocido por su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue jefe de la Oficina de la Presidencia entre 2018 y 2020 y fungió como enlace con el sector empresarial durante los primeros años del gobierno de la Cuarta Transformación.
Vector habría procesado más de un millón de dólares en pagos a empresas chinas entre 2018 y 2023, en nombre de compañías mexicanas vinculadas al tráfico de fentanilo. Además, se revelaron transacciones anteriores por más de 40 millones de dólares entre Vector y empresas relacionadas con Genaro García Luna, exfuncionario mexicano condenado en EUA por sus nexos con el crimen organizado.
Aunque Romo dejó formalmente la dirección de Vector en 2020, su nombre sigue vinculado a la firma, y ha sido figura influyente en el ámbito político y financiero mexicano.
Aunque las tres instituciones han negado las acusaciones y han manifestado su disposición a colaborar con las autoridades. Sin embargo, la intervención de la CNBV y la baja en sus calificaciones crediticias por parte de agencias como HR Ratings reflejan la gravedad del impacto reputacional y financiero que enfrentan.
Habrá que ver cómo termina este señalamiento del Departamento del Tesoro y de toda la Administración Trump, que no está reparando en apretar sin consideración alguna al gobierno de Sheinbaum y políticos de su propio partido, como el retiro de la visa de la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila Olmeda, los señalamientos al sinaloense Rubén Rocha Moya y su relación con el Mayo Zambada, entre otros tantos.
En fin, allá en los Estados Unidos permanecen cínicos. Es cierto que extrajeron trafican fentanilo a su país, pero ellos son los adictos, aunque culpan de sus males a terceros. Eso no quita que en esa dinámica, cada vez descubren en que Morena, hay "traviesos de alto vuelto" como en los gobiernos pasados.
