Alientan padres a menores para involucrarse con adultos: Fiscalía de las Mujeres

Aunque las estadísticas oficiales hablan de un bajo porcentaje de denuncias provenientes de áreas rurales, la realidad que enfrentan niñas, niños y mujeres en estos entornos es mucho más preocupante, expresó la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Niñas y Niños en Coahuila, Katy Salinas Pérez.

Lo anterior al señalar que la violencia sexual, muchas veces disfrazada de “noviazgos” entre adultos y menores, sigue siendo tolerada en algunas comunidades por parte de los padres de las menores.

Salinas Pérez señaló que municipios como Francisco I. Madero, San Pedro, Ocampo y Acuña registrado casos donde menores de edad, principalmente niñas, han sido víctimas de abuso sexual por parte de adultos con el consentimiento, explícito o implícito, de sus propios familiares.

“En la mayoría de los casos, el agresor es una persona cercana, un vecino, un conocido o incluso un pariente. Esto genera miedo, vergüenza o presión social que impide la denuncia”, explicó Salinas Pérez.

Entre enero y junio, la fiscalía ha registrado que el 80% de los casos atendidos corresponden a violencia familiar. Del total, un 15% está relacionado con delitos sexuales, la mayoría cometidos dentro del hogar o por personas en las que las víctimas confiaban.

Uno de los aspectos más alarmantes, dijo, es la normalización de relaciones entre adultos y niñas en algunos ejidos o pequeñas comunidades. A pesar de que en Coahuila el matrimonio infantil está prohibido, aún existen familias que permiten que sus hijas menores vivan con hombres adultos bajo el argumento de una supuesta relación afectiva.

Uno de los casos ocurrió en Acuña, donde un hombre adulto mantenía una relación con una adolescente con la autorización de su madre. Fue la abuela de la menor quien decidió denunciar: 

“Tanto el hombre como la madre están en prisión preventiva, acusados de trata de personas, pornografía infantil y violencia contra menores”, detalló la funcionaria.

La Fiscal insistió en que el combate a la violencia sexual no depende solo de las autoridades, sino también de la participación activa de la comunidad. Docentes, personal de salud y vecinos tienen la responsabilidad de reportar cualquier situación sospechosa.

“Una relación sexual con una menor de edad no es amor, es un delito, y cualquier persona que lo permita también incurre en responsabilidad penal y las penas por estos delitos pueden alcanzar hasta los 20 años de prisión”, enfatizó.

Aunque solo el 2% de los casos reportados provienen de zonas rurales, la fiscalía cree que esta cifra no refleja la magnitud real del problema. El temor, la presión comunitaria y la falta de información limitan las denuncias.

Por ello, se inició una estrategia específica para llegar a estas comunidades:

“Estamos llevando una política de cero tolerancia hasta los ejidos. No vamos a permitir que las costumbres sirvan de escudo para el abuso infantil”, concluyó Salinas Pérez.