No se puede esconder el Sol con un dedo: La Laguna enfrenta una crisis de agua. No es un hecho nuevo, uno de los síntomas en que se ha expresado data de décadas, las afectaciones en la salud de una parte importante de la población, particularmente de residentes en comunidades rurales que ingirieron de manera involuntaria agua contaminada con arsénico; pero durante los últimos años se ha agudizado con el desabasto de agua a las viviendas con las consecuentes afectaciones en la vida diaria de las familias, al extremo de que se tienen que proveer de este preciado líquido a través de pipas.
Si bien en el entorno gubernamental existe una resistencia a adoptar dentro de su narrativa pública el reconocimiento de la crisis hídrica regional, los problemas, cada vez más manifiestos, de suministro de agua en diferentes zonas, colonias o comunidades rurales, evidencian la gravedad del problema de modo tal que las acciones de mitigación que realizan los gobiernos municipales resultan insuficientes. Estamos ante un escenario en el que las protestas derivadas del desabasto de agua surgen por la inconformidad justificada de los ciudadanos.
La propia narrativa pública de los funcionarios de los organismos operadores municipales ha tenido que revelar la realidad sobre las dificultades que enfrentan para abastecer de agua a los ciudadanos inconformes, como sucedió con las expresiones que gerente de SIMAS Torreón vertió la semana pasada en la zona del Campestre La Rosita, de que en esa parte del subsuelo ya no hay agua y por tanto se tiene que perforar un pozo en otro sitio y bombearla a dicha zona residencial (algo similar a los que pasó recientemente con la zona aledaña de Torreón Jardín), o esperar que se construya el ramal contemplado en el programa Agua Saludable que les provea agua, por lo pronto en esta temporada de calor esta provisión tendrá que hacerse principalmente con pipas.
Las opciones que tienen los gobiernos municipales son y serán de mitigación temporal, no pueden ofrecer "resolver" el problema de desabasto porque no está en sus capacidades institucionales, de ahí que centren sus acciones en perforar nuevos pozos, realizar las interconexiones entre los existentes, usar la capacidad de almacenamiento en los tanques, enviar pipas, entre otros. Esto deben conocerlo los ciudadanos, lo que implica que, si se perfora otro pozo, este tendrá un período de vida reducido y por tanto el problema será cíclico, con una calidad de agua cada vez peor.
Con el tiempo se observa que Agua Saludable se convertirá en la principal medida de mitigación, que atiende, pero no resuelve el problema, por su carácter temporal. Cuando el gobierno federal anuncia este programa se hicieron señalamientos que de manera irresponsable minimizó el entonces director nacional de la COANGUA, Germán Martínez, asegurando que no faltaría agua para la población. Ciertamente, esto puede ocurrir, lo cual no implica que se resolverá el problema del agua en la región, ya que no se podrá estar extrayendo agua de las presas de manera indefinida y, como observamos este año, al no llover durante dos años previos en la parte alta y media de la cuenca, los volúmenes disponibles se reducen, afectando a la agricultura que se basa en el riego superficial, con los llamados miniciclos agrícolas, que entre otros efectos sociales propician la erosión de la población rural y la concentración de volúmenes de agua en cada vez menos usuarios.
Lo que está sucediendo este año era previsible y lamentable para todos aquellos ciudadanos afectados. La pregunta es si 2025 podrá ser considerado como el punto de inflexión de la crisis de agua en La Laguna, si llegamos al límite de estrés hídrico que obligue a los diferentes niveles de gobierno a aplicar medidas que conduzcan, no a tapar un hoyo abriendo otro, como ha sido hasta ahora. Lo primero que tienen que reconocerse en el entorno gubernamental es aceptar la crisis del agua y enfocar los esfuerzos institucionales a resolverla, lo que implica aceptar que la causa principal que la provoca es la sobreexplotación de nuestros acuíferos, una omisión grave en el discurso gubernamental.
Es inevitable que continúen con las medidas de mitigación que están realizando, pero que también centren sus esfuerzos en prioridades que orienten el gasto público hacia la recuperación del Acuífero Principal sin seguir interviniendo el río Nazas, como hasta ahora. La prioridad de los gobiernos municipales debe ser multiplicar la inversión pública en rehabilitar o modernizar la red urbana de agua potable para aumentar la eficiencia física en la distribución (de lo contrario al ingresar los flujos de agua que provea Agua Saludable, aflorarán las fugas), a la par de la red de drenaje que permita una mayor captación de aguas servidas doméstico-urbanas y un mejor diseño de la infraestructura de saneamiento de estas para aprovecharlas en otros usos no domésticos.
Por su parte, el gobierno federal tiene la encomienda, ya ineludible, de aplicar las medidas que contengan la extracción ilegal de agua del subsuelo que realizan usuarios irresponsables, es y será inevitable, que se mida de manera confiable el bombeo de los pozos, sobre todo del sector agrícola. A la par de esto, tener claro cual es el estado en que se encuentra el Acuífero Principal para definir las acciones que conduzcan a recuperarlo, para ello es importante que los ciudadanos estemos atentos al curso que tome la implementación de l Sentencia #543 que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, orientada a lograr ese fin.
Lo que ocurre este 2025 nos debe enseñar que no debemos esperar a que las condiciones climatológicas agraven la crisis de agua en La Laguna (imaginemos que este año no llueva y las presas se queden vacías, el siguiente sería catastrófico), veamos lo que sucede como una oportunidad para empezar a realizar los cambios necesarios que reorienten la gestión del agua. No parece que tengamos muchas opciones viables.
