A dos semanas de que la gente pueda salir a votar, los criminales siguen haciendo de las suyas, atropellando los derechos de los candidatos, amenazándolos y matándolos sin que ninguna autoridad lo impida. Mientras esto sucede, el presidente continúa polarizando e impulsando de forma ilegal a sus abanderados y el INE se ha ido debilitando lo que puede provocar que en muchos territorios los ciudadanos no puedan emitir un voto libre.
El Índice para la Economía y la Paz en su edición 2024 señaló que México ya no es sólo uno de los países más peligrosos para los periodistas, también lo es para los políticos. En Causa en Común lo confirmamos, hemos registrado a 44 actores políticos asesinados (2023-2024) de los cuales 31 eran candidatos o aspirantes a cargos de elección popular. El último registrado fue este jueves, el de la candidata Lucero López a la alcaldía de La Concordia, Chiapas, quien fue masacrada durante un evento político junto a cinco personas más; y apenas el 12 de mayo a 76 kms del lugar fueron asesinadas 11 personas por sicarios que pelean el territorio. Por la forma de asesinarla (con armas largas) al parecer que fue realizado por el crimen organizado, sin embargo, también hemos identificado otros atentados que hacen suponer que en algunos casos la violencia está relacionada con pugnas partidistas.
Por su parte, López Obrador continúa en su permanente campaña por el poder y desde el poder. Tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como el Instituto Nacional Electoral (INE) le han hecho diversos llamados para que se conduzca dentro del marco de la ley, sin embargo, el titular del Ejecutivo hace caso omiso y se mantiene emitiendo declaraciones que afectan el proceso, actúa como si fuese un activista de Morena, pero con el megáfono de la mañanera. Hasta este miércoles tenía 426 denuncias en su contra. No sin razón, políticos de la oposición han insistido que está será una elección de Estado con la cancha muy dispareja.
Además, quizá por el mismo desvarío que trae el Presidente en el ocaso de su mandato o porque en las encuestas internas de Morena están viendo que sube la candidata Xóchitl Gálvez, es que en los últimos días ya no sólo impulsa a sus candidatos, sino que ahora empodera al candidato Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, con la finalidad de dividir los votos de la oposición. Por cierto, esta semana el emecista se mostró de cuerpo entero como un vulgar ambicioso al que le han hecho creer que representa una verdadera opción.
Sin embargo, lo más preocupante de todo es que está en riesgo la libertad de los ciudadanos a salir a votar con seguridad. A diferencia de la fiesta electoral en 2018, y debido a las violencias que imperan en algunos territorios, será difícil que emitan su voto en libertad. En febrero de este año la consultora Integralia presentó un mapa de riesgos electorales por la intervención del crimen organizado, donde identificó seis entidades con un riesgo muy alto: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, así como nueve entidades más con un riesgo alto. Es decir, la mitad del país en peligro.
Por su parte, las autoridades electorales no han exigido de forma firme a la Secretaría de Protección y Participación Ciudadana que tome medidas para evitar la violencia electoral; y esta dependencia tampoco ha tomado la iniciativa. A Morena le conviene este ambiente de temor porque quiere que la gente se quede en sus casas. Además, el Senado y los Congresos locales por irresponsables no nombraron a los magistrados faltantes. Son en total 49 nombramientos pendientes. Lo que pone en riesgo la certeza de todo el proceso electoral.
Tenemos un caldo de cultivo que nos pronostica que el día de las elecciones veamos a miembros del crimen organizado muy activos, movilizando o inhibiendo el voto y alterando la votación en casillas, lo cual se traducirá en resultados electorales cuestionados con tribunales electorales débiles y posiblemente un periodo post electoral violento.
