Para que un país se desarrolle se requiere un Estado fuerte y competente capaz de ofrecer seguridad y servicios públicos de calidad. Es igualmente necesaria una sociedad fuerte capaz de poner límites a ese poder estatal, para que no sea usado arbitrariamente en su contra.
En su libro El pasillo estrecho, Daron Acemoglu y James Robinson analizan cuán difícil es llegar a ese equilibrio. En muchos países el gobierno no tiene los instrumentos para enfrentar a individuos poderosos, en particular a quienes encabezan grupos criminales, caso extremo es la República Democrática del Congo. En otros, el poder del Estado es sólido, pero se usa para controlar a la población, como en Corea del Norte. Sólo unos cuantos países han logrado transitar por ese estrecho pasillo por suficiente tiempo como para generar un bienestar compartido y sostenible.
Morena quiere quitar las restricciones al Ejecutivo que se fueron construyendo en el tránsito hacia una democracia y una economía de mercado regulada a través de instituciones profesionales y menos discrecionales. Por ello están por desaparecer al actual Poder Judicial; eliminar todos los órganos autónomos incluyendo al INE; ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y entregarle la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Buscan darle fundamentos constitucionales a un proyecto de gobierno autoritario.
Muchos morenistas dirán: "Pero ganamos la elección. Es un mandato popular". Es pura retórica. Los ciudadanos quieren mayor seguridad y bienestar. Esos objetivos no son los de las reformas planteadas. Además, cuando queden más claras las implicaciones de estos cambios, la incertidumbre sobre su funcionamiento generará menos inversiones y por lo tanto, un menor crecimiento económico.
También saben que la Constitución parte del principio de que ningún grupo político debe poder reformarla por sí solo. Sin embargo, con la complacencia de un INE y un Tribunal Electoral a modo, le están dando la vuelta a esa norma para alcanzar una brutal sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.
Lo pueden hacer por la debilidad de la sociedad mexicana. Una parte está contenta con el pacto que les propuso AMLO: más gasto social y mejores salarios mínimos, aunque se deterioren aún más los servicios públicos. Están satisfechos porque además habla en su nombre y hace enojar a quienes siempre habían mandado. El Poder Judicial de la Federación nunca les ha servido para gran cosa. En general se desconoce que gracias a éste los ciudadanos tienen garantizados una serie de derechos, como la interrupción voluntaria del embarazo o el derecho a la privacidad y la intimidad.
Los que podrían oponerse a las reformas andaban de vacaciones o están sin ánimo de participar. En el caso de los partidos políticos de oposición, su energía está drenada por los pleitos internos. Únicamente Movimiento Ciudadano ha hecho un esfuerzo político visible para tener una representación acorde con los votos que ganaron, aunque sin mucho éxito. Era previsible que, si la oposición iba dividida a las elecciones, la sobrerrepresentación sucedería.
Tenemos un gobierno que hoy no enfrenta restricciones importantes de la sociedad ni de los partidos de oposición, pero que no puede o no quiere enfrentar al crimen organizado. La detención en Estados Unidos del "Mayo" Zambada; la confesión de que iba a una reunión con el gobernador de Sinaloa y la reacción de AMLO que ha oscilado entre la confusión respecto a lo sucedido y la negación sobre cualquier relación entre el crimen organizado y el gobierno morenista de Sinaloa, muestra que su prioridad no es enfrentar al crimen organizado.
Un Estado cada vez más poderoso frente a la sociedad, pero débil frente al crimen, es la peor combinación posible. Atenta contra la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, contra la democracia y contra la posibilidad de crecer económicamente.
