FERNANDO COMPEAN / EL SIGLO DE TORREÓN
Debido a la falta de certeza laboral, hoy siguieron las protestas de personal de salud eventual que en su mayoría fueron contratados por el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para hacer frente a la pandemia por la Covid-19 en hospitales de la Secretaría de Salud de Durango. Recientemente, el gobierno federal les informó del cese de sus contratos y los habían citado mañana miércoles en la capital del estado.
La manifestación pacífica se hizo en el Hospital Nuevo de Gómez Palacio y portaron pancartas de “En Covid héroes y ahora desempleados”, “Esteban Villegas no aceptó la transición”, “Desempleados por culpa de Esteban” y “¿Dónde está la base prometida IMSS-Bienestar?”. Además, gritaron consignas de “¡Queremos base!, ¡Queremos base!”.
Ante esta inconformidad, salió a dialogar con ellos el coordinador de Hospital, Héctor Alejandro Olvera Martínez, y les dijo que funcionarios de la Secretaría de Gobernación, le habían informado que los contratos eventuales se ampliarían por tres meses más. “Logró negociar el señor gobernador. ¿Qué es lo que puede pasar?, acuérdense que vienen elecciones, nosotros no sabemos en junio quién va a llegar, entonces no se puede comprometer más tiempo porque no sabemos. Ahorita los tres meses, con las mismas condiciones que tienen actualmente, siguen laborando, no hay que ir a Durango ni nada, tienen su trabajo normal”, comentó.
Sin embargo, el personal no estuvo de acuerdo, pues dijeron que desde un inicio, las autoridades federales les prometieron una base, además de que no tuvieron apoyo por parte del Estado.
“Renunciamos a otros trabajos porque nos prometieron que aquí habría estabilidad. Nosotros hemos hecho más por el pueblo, arriesgamos nuestra vida y a nuestras familias. ¿Qué ha hecho el gobernador hasta ahorita?, aun si tener el bono Covid nos daban a los pacientes más graves y no respingábamos, le atorábamos”. El funcionario respondió que el IMSS-Bienestar se deslindó totalmente del tema y que “fue una falta de respeto” el hecho de rescindir de la relación laboral.
Pero una trabajadora le contestó que “IMSS-Bienestar no se ha deslindado, simplemente dice ‘yo no te puedo cubrir en un Estado que no me apoyó’”.
“Por eso les digo, dentro de las condiciones que el IMSS-Bienestar pone o propone para el Estado, no son las convenientes para el señor gobernador, ¿por qué?, porque ustedes lo pueden ver en otras instituciones y en otros estados, como se está manejando IMSS-Bienestar. Para empezar, IMSS-Bienestar solicitaba despidos de 1,500 trabajadores en todo el estado”, les dijo Olvera Martínez.
La discusión se prolongó por más de media hora hasta que, finalmente, el personal dijo que se presentarían a trabajar hasta que las autoridades les mostraran un documento oficial que indique la ampliación de su contrato eventual. Además, indicaron que una vez que finalice ese periodo, exigirán mesas de trabajo para dialogar con la Secretaría de Salud de Durango y buscar la forma de que sea el Estado quien regularice su situación laboral.
Como se recordará, Durango es uno de los ocho estados del país que no aceptó la federalización del IMSS-Bienestar y por ello, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó que quienes no se sumaron al IMSS- Bienestar decidieron no participar en el proceso de basificación y conocieron oportunamente de la imposibilidad de seguir recibiendo apoyos federales en materia de recursos humanos, infraestructura, medicamentos y equipamiento médico, en el entendido de que se harían cargo de manera directa.
Por ello, llamó a los Servicios de Salud de los Gobiernos de los estados de Coahuila, Yucatán, Durango, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco y Querétaro a ofrecer una propuesta para la basificación definitiva de dichos trabajadores.
De acuerdo al decreto que publicó el gobierno de México, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Salud, el IMSS-Bienestar se quedará con los recursos de los estados que tienen convenio con el organismo federal y que son equivalentes a más de 130 mil millones de pesos.
Las entidades federativas que no suscriban el convenio, se sujetarán a lo previsto en la Ley, respecto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
