A tiempo, el 20 de febrero, la Alianza Mexicana contra el Fracking entregó en el Senado 90 mil firmas para exigir que se prohiba el fracking ya. En su cuenta de X, antes twitter, dijo: Exigimos a las y los senadores de la Comisión de Recursos Hidráulicos que el artículo 220 de la Ley General de Aguas regrese a su versión original para así prohibir específicamente el uso del agua en fractura hidráulica para exploración y extracción de hidrocarburos. En otro mensaje agregó: En medio de la sequía y la crisis climática, no podemos permitir que en México se use agua para fracking.
En el patio Federalismo de la Cámara Alta, los senadores Gabriel García y Gloria Sánchez, así como el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos senatorial, Raúl Paz Alonso, recibieron a los activistas y a representantes de la plataforma digital Avaaz, que entregaron tres cajas con las firmas portando un letrero: Protejan nuestra agua, prohíban el fracking.
Ocho días antes, el 12 de febrero, la alianza declaró: Prohibir el fracking está hoy en manos del Legislativo; "aprovechen la oportunidad". El llamado a tal poder era "a aprobar sin demora esta iniciativa de reforma constitucional para proteger la salud y ambiente de las y los mexicanos".
A través de un comunicado dijo: Para las comunidades y organizaciones que integran la Alianza Mexicana contra el Fracking y que desde hace más de 10 años han exigido que se prohiba la fractura hidráulica en México, "vemos muy positivo que el Ejecutivo haya enviado al Congreso una propuesta de reforma constitucional, lo cual es el primer paso en el cumplimiento de su compromiso presidencial número 75: no usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking".
La propuesta de reforma, llamada iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de ls Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho a la alimentación, medio ambiente y derecho al agua, "llega en medio de una crisis climática e hídrica y de un modelo de gestión del agua que favorece el acaparamiento por grandes concesiones, la sobreexplotación y la contaminación de fuentes de agua, violentando el derecho humano de millones de personas al acceso al agua y al saneamiento".
En este contexto de crisis ambiental "es inaceptable permitir que millones de litros de agua sean destinados al fracking para la exploración y la extracción de combustibles fósiles".
"Como alianza, llevamos 10 años denunciando los impactos del fracking. Y a lo largo de este tiempo hemos promovido diversas iniciativas de diferentes grupos parlamentarios que proponían prohibirlo".
También hemos elaborado una propuesta de decreto para prohibir esta técnica de extracción, añadió.
"Sin embargo, hasta ahora no ha habido suficiente voluntad política para dar el paso faltante, por lo que hoy llamamos a legisladores y legisladoras federales y asambleístas en los estados, a saldar esa deuda y prohibir esta técnica que nos quita el agua indispensable para la vida".
Las organizaciones y comunidades "que integramos la Alianza proponemos a las y los congresistas revisar la abundante evidencia empírica y científica que documenta y robustece la evidencia sobre los daños del fracking al ambiente, al agua y a la salud".
Con base en esta información, "es necesario que ustedes den un paso adelante y aprueben el proyecto de decreto".
Abundó: Si bien una reforma constitucional es un proceso más complejo que la modificación de leyes secundarias, la Alianza impulsará su aprobación y vigilará todo el proceso legislativo, incluyendo las leyes reglamentarias que de él se desprendan, a fin de proteger los derechos humanos, el ambiente, la disponibilidad y calidad del agua para la vida.
La Alianza Mexicana contra el Fracking es un colectivo de más de 40 organizaciones civiles y sociales que desde 2013 busca prohibir el uso de la fractura hidráulica o fracking, defendiendo el agua y el territorio.
La discusión de la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas en comisiones del Senado incluye en su articulado que no se permita utilizar el agua para fracking, lo cual tiene un efecto práctico, pero ha surgido una modificación en la que se pretende señalar que no se utilice agua para fracturación que esté catalogada para uso doméstico o agrícola, lo que sólo protege a éstos dos tipos de uso, pero sigue dejando todo en aquel que se clasifica como uso industrial.
En respuesta, el senador Gabriel García dijo estar de acuerdo en la petición de la alianza, pero afirmó que la erradicación del fracking no debe instaurarse sólamente dentro de la Ley General de Aguas, sino que debe elevarse a rango constitucional.
E hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a trabajar para erradicar esta práctica, "ya sea durante este periodo de sesiones o en el próximo".
Reclama la alianza: Por el bien de todas y todos, prohiban el fracking ya.
