Aquerer o no, por estos días la llamada comentocracia se ha ocupado de analizar y opinar sobre el paquete fiscal para el año próximo. Lo ha hecho en tono crítico y se ha quedado hablando sola. Porque hasta donde se sabe, prácticamente nadie ha salido en defensa de dicho paquete. Ni chairos ni no chairos se han tomado la molestia de salir a combatir a favor de la propuesta gubernamental. Han guardado silencio y sólo quieren que este episodio pase tan rápido como sea posible.
El paquete fiscal comprende básicamente dos piezas legislativas, que constitucionalmente corresponde al presidente de la República enviar al Congreso. Una es la iniciativa de ley de ingresos y la otra el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2025.
Se trata obviamente de dos materias importantes, que durante su proceso legislativo deben estar abiertas al examen, opiniones y críticas no sólo de diputados y senadores sino de la sociedad toda. Pero cuando el ejercicio se convierte en monólogo, empieza a carecer de sentido continuar en esa línea.
Dejar, sí, a manera prácticamente de testimonio las observaciones, críticas y contrapropuestas al oficialismo, porque algún día, cuando las cosas cambien -porque sin duda cambarán--, será importante recordarle al adversario que calló cuando una visión distinta le señaló sus errores, su arrogancia y su necedad política.
Frente a un debate que no se da (ni se dará en las Cámaras, porque la silente mayoría numérica simplemente arrollará aprovechando su cantidad), quizá sólo queda señalar un dato inadvertido que deja claramente al descubierto la estrategia de Morena de apresurar los tiempos, para terminar cuanto antes con esta molestia que tanto le acongoja.
Dice la Constitución que tanto la iniciativa de ley de ingresos como el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación debe hacerlos llegar el presidente de la República al Congreso a más tardar el 8 de septiembre. Y que la Cámara de Diputados tiene como fecha límite para aprobar el presupuesto de egresos el 15 de noviembre, que se discute y aprueba después de haber hecho antes lo propio con la ley de ingresos. Como referencia, el periodo de sesiones ordinarias dice la Carta Magna ha de concluir el 15 de diciembre.
El anterior calendario no aplica en el año en que hay cambio del titular de la presidencia de la República, como en éste ha sido el caso. La razón es obvia: el presidente que cobrará las contribuciones y ejercerá el presupuesto no ha tomado aún posesión del cargo el 8 de septiembre.
Por eso en el año de relevo presidencial, la Constitución amplía hasta el 15 de noviembre el plazo que tiene el Ejecutivo para hacer llegar al Congreso su iniciativa de ley de ingresos y su proyecto de presupuesto de egresos. Y que la Cámara de Diputados disponga hasta el 31 de diciembre (art. 66) para concluir el proceso y por ende el periodo de sesiones se puede extender hasta esa fecha (y no hasta el día 15 del mismo mes, como ocurre en los demás años).
A pesar de lo anterior, los líderes de Morena en la Cámara de Diputados han declarado que para el 15 de diciembre habrá terminado todo. Advertirá el lector que el apresuramiento del oficialismo no es sólo por mera flojera, sino también porque pretende que este episodio termine ya, ante la falta de razones y argumentos si el debate público continúa, como debe ser a pesar de las fiestas decembrinas. Mejor matar la discusión y que todo se olvide pronto. Tal es la apuesta del oficialismo.
