Por presunta falsificación de documentos giran orden de aprehensión contra Yunes Márquez
Luego de que un juez de control girara una orden de aprehensión en contra de Miguel Ángel Yunes, senador electo del pan, este se defendió asegurando que continuara defendiéndose con "dignidad".
Luego de una audiencia de más de seis horas, la autoridad judicial liberó orden de aprehensión por el presunto delito de falsificación de documentos, hechos ocurridos hace más de tres años cuando solicitó su registro como candidato a la alcaldía de Veracruz.
"Me seguiré defendiendo, con el valor y dignidad que quienes me persiguen no tienen. Eso es lo que merecen los veracruzanos, servidores públicos dignos y comprometidos con la verdad y la justicia", afirmó el senador electo panista.
Yunes Márquez participó en la audiencia, vía web, desde la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida, en Estados Unidos, donde era atendido médicamente. El hijo del exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, denunció que en la audiencia de ayer fue partícipe y testigo de los abusos que se cometen y de la falta de ética, "compromiso con la Ley y -diría también- falta de vergüenza de jueces locales y fiscales".
Reveló que el juez decidió suspender la audiencia a sus espaldas, cuando tuvo que ir a que le administraran un analgésico después de más de seis horas de audiencia.
"Lo hizo para poder dictarme orden de aprehensión y así poder acudir de rodillas ante sus jefes y decirles: deber cumplido, ya lo hice, ahora quiero ser magistrado. ¡Que poca vergüenza! No sé cómo podrán ver a los ojos a sus hijos y a su familia", lamentó.
En un mensaje, dijo que el Poder Judicial de Veracruz y la Fiscalía General del Estado son los que requieren una reforma, no el Poder Judicial de la Federación.
En reiteradas ocasiones ha denunciado que se trata de una persecución política, pues aseguró que las autoridades electorales declararon con válida la documentación que presentó para demostrar su residencia efectiva.
Finalmente, compartió, a través de su página de Facebook, un comunicado en el que señala que los jueces locales están al servicio del poder, no de la justicia.
