Daniel Noboa, el junior empresarial que de carambola llegó a presidir Ecuador, ha pretendido usar el caso del exvicepresidente Jorge Glas, y el aberrante asalto a la embajada mexicana en Quito, como trofeos fascistoides rumbo a una consulta y referéndum del próximo 21 en que buscará modificar la Constitución y varias leyes con el propósito de garantizar la continuidad en el poder de la oligarquía de ese país que mantiene una guerra a muerte contra la corriente encabezada por el expresidente izquierdista Rafael Correa.
Llegado al poder a fines de noviembre del año pasado, Noboa debería entregar la presidencia de la República en 2025, pues solamente está cubriendo la parte final del periodo que debería haber cumplido el banquero Guillermo Lasso, quien dejó el cargo mediante una treta jurídica para impedir que la Asamblea Nacional continuara con una investigación en su contra por corrupción.
Aparte del móvil electoral interno, Noboa ha suscrito de inmediato una alianza con Estados Unidos, que incluye un plan de cinco años en materia de seguridad. A menos de dos meses de haber rendido protesta como presidente recibió al asesor especial de la Casa Blanca para tentativas intervencionistas, Chris Dodd (exsenador por el Partido Demócrata), y a la general Laura Richardson, incisiva jefa del Comando Sur, a fin de sellar acuerdos políticos y militares.
Ayer, el presidente López Obrador, en su conferencia matutina de prensa, dio a conocer videograbaciones que de manera contundente muestran el tamaño de la agresión a la embajada y a funcionarios diplomáticos mexicanos. "Eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias", dijo a la par que expresaba su incomodidad por las palabras superficiales que Estados Unidos y Canadá dedicaron al tema, aunque luego, con rapidez, un vocero de la Casa Blanca asomó para emitir un pronunciamiento más sólido.
La gravedad de los hechos y las pruebas inobjetables han generado una insólita unidad de criterios, con sus matices, como es natural, de la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos y de instituciones como las Naciones Unidas y, de manera significativa, de la Organización de Estados Americanos (históricamente manejada a conveniencia de los intereses de Washington), cuyo secretario general, Luis Almagro, de impresentable historial en otros casos, aseguró que lo sucedido en la capital ecuatoriana afectó "la inviolabilidad de la misión diplomática de México" y vulneró "principios fundamentales del derecho internacional universal, americano, convencional y consuetudinario".
Cierto es que el indefendible Noboa se va quedando aislado, bajo repudio y en riesgo de afrontar sanciones económicas, políticas y jurídicas, además de la descomposición de la de por sí difícil gobernabilidad interna, pero más allá del destino de un personaje así, desechable, que puede ser sustituido como un fusible, es necesario mantener la alerta prendida ante el evidente diseño de planes foráneos que han buscado crear condiciones adversas, rupturistas, ante la cada vez más probable continuidad electoral de la llamada Cuarta Transformación.
La publicación en tres medios extranjeros de "filtraciones" de la DEA sobre presunto financiamiento criminal a campañas de López Obrador fue el banderazo de salida de la fase final del proceso de desestabilización que han intentado poderes externos, en concordancia cuando menos electoral y mediática con los internos (la oposición que postula a Xóchitl Gálvez).
Luego vino la persistente colocación de narcoetiquetas en redes sociales contra el Presidente y la viable aspirante morenista a sucederlo. Y violentas provocaciones torpes como la sucedida en Quito, que en el fondo buscaba y busca agregar "pruebas" de que AMLO protege a delincuentes y narcotraficantes (con Fox y Calderón como gozosos firmantes de "apoyos" envenenados, junto a otros expresidentes o exjefes de Estado igualmente sombríos y reprobables). ¡Hasta mañana!
