En la columna anterior referimos a las propuestas de los candidatos a ocupar el Ayuntamiento de Torreón en el tema ambiental, donde destacamos la percepción y visión que reflejan en varios rubros como agua, aire, movilidad, infraestructura verde, Jimulco, principalmente, observando una percepción pragmática de la problemática contenida en este rubro y denotando que no expresan una visión integrada y con un horizonte de mediano y largo plazo. Siguiendo en esa línea abordemos en esta ocasión el tema de participación ciudadana.
En países como México no se ha logrado una consolidación democrática de su régimen político. La participación ciudadana es un rubro pendiente en la medida que refleja la aún pendiente transición o, quizás más bien, complementación de la democracia representativa a la democracia participativa. Actualmente, los ciudadanos podemos elegir a nuestros gobernantes, no sin los bemoles que significan las viejas prácticas de manipulación política mediante la compra del voto o el uso de algunas de esas estructuras corporativas, que se heredan del viejo régimen político, para influir en los votantes.
Avanzar en esa transición democrática implica cambios trascendentales en la legislación federal, algo complicado si los gobernantes actuales no definen que tipo de régimen político quieren promover y establecer en el país, entendiendo por éste, de manera simplificada, como la forma de relación entre gobernantes y gobernados, con mecanismo claros que instituyan la democracia participativa. Pero mientras dichos cambios no ocurran, es posible que el avance democrático se promueva a nivel local, en las entidades federativas y las municipalidades.
Torreón, como los demás municipios laguneros y coahuilenses, tienen reglamentos de participación ciudadana insuficientes, por no decir obsoletos sobre los cuales se han realizado intentos inconclusos de mejorarlos, ampliando los mecanismos institucionales a través de los cuales los ciudadanos que habitamos en él tengamos las posibilidades de incidir realmente, en la definición de políticas públicas locales, que las decisiones políticas claves, de mayor importancia, no se restrinjan a los grupos políticos que operan en torno a los partidos, dentro y fuera de ellos, sea en el primer caso como militantes, adherentes o simpatizantes, o en el segundo como grupos de poder fácticos que influyen en las decisiones de los gobernantes electos.
Los reglamentos municipales tienen limitaciones que imponen las leyes estatales en la materia, por lo que quienes aspiran a ser diputados locales también deberían posicionarse al respecto para cambiar dichas leyes que restringen la participación ciudadana, tema que al parecer les pasa de noche. Pero quienes aspiran a ocupar los ayuntamientos municipales, alcaldes, síndicos y regidores, tiene la oportunidad de expresarse al respecto, convertir este rubro en un tema de la agenda electoral y, posteriormente, de gobierno.
Esto significa ciudadanizar la política pública local, incluir en su oferta electoral la democratización del poder local a nivel municipal, en los márgenes que les permitan las leyes vigentes. Quizás algunos candidatos al incursionar en los procesos electorales locales no perciban o conozcan, aunque deberían saberlo, los reglamentos de participación ciudadana y, por ello, en estos procesos electorales no los incluyan en sus agendas de promoción del voto ciudadano, pero esto no solo es responsabilidad de los aspirantes noveles, también lo es entre los viejos lobos de la política local.
Cuando observamos esta omisión, voluntaria o involuntaria, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿realmente los candidatos creen o piensan que debe ciudadanizarse la política local? La respuesta la tienen los candidatos. Los ciudadanos debemos recordarles que si pretenden ganar las elecciones y gobernar con legitimidad (no solo con legalidad, basada en obtener la mayoría de los votos emitidos), deben conquistar el consenso de los ciudadanos sobre su oferta política electoral y, desde luego una vez electos, de gobierno.
Uno de los mecanismos de participación ciudadana que deben introducirse plenamente en los reglamentos de este tipo, es el de presupuesto participativo. El erario que ejercen los gobernantes locales se basa en nuestros impuestos y otro tipo de ingresos en las arcas municipales, por lo que el gasto público municipal no debe responder únicamente a los compromisos de campaña que establecen los candidatos con quienes les apoyaron, sean militantes de su partido, con quienes hayan aportado fondos a la campaña u otra razón, son recursos que deben destinarse a las prioridades del desarrollo de quienes vivimos en la municipalidad.
Ojalá los candidatos a los ayuntamientos, en particular de Torreón, nos sorprendieran proponiendo en su agenda electoral la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana, como ya lo han hecho otros municipios del país, constituiría un avance en la consolidación democrática de nuestra municipalidad, en la ciudadanización de la política y abonarían en la construcción que posibiliten avanzar en la construcción de una gobernanza democrática. Se verían como gobernantes visionarios decididos a gobernar de la mano de los ciudadanos y trascenderían en la historia local.
