JUSTICIA PENAL EN COAHUILA (EL SIGLO DE TORREÓN)
El estudio “Hallazgos desde lo local, Evaluación de la Justicia Penal en Coahuila” realizado por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, y publicado en este mes de Octubre, revela que en 2023 las instituciones de justicia penal de la entidad superaron los promedios nacionales de carga laboral. Según el estudio, cada fiscal en Coahuila manejó 148 carpetas, cada perito mil 489 solicitudes, cada defensor público 56 casos y cada asesor jurídico 205.
“La sobrecarga de trabajo merma el desempeño y resultados que ofrecen las instituciones de justicia penal.
De esta manera, la probabilidad de que los delitos queden impunes aumenta y los derechos de las personas víctimas y acusadas no son debidamente garantizados”, cita el estudio. También resalta la desigualdad de género en la duración de los procesos, dado que en todas las modalidades el tiempo de resolución para las mujeres es mayor que para los hombres.
Por otra parte la mayoría de los delitos no son del conocimiento de las autoridades porque la gente no acude a denunciar y las razones por las que no denuncian incluyen: 35.5 por ciento (%) considera que es una pérdida de tiempo, 14.2% no tiene pruebas y 12.5% desconfía de la autoridad. En 2023 se iniciaron 59 mil 771 carpetas de investigación en Coahuila.
El delito con un mayor número de denuncias es el de violencia familiar, con 12 mil 379 casos; en segundo lugar está el narcomenudeo, con 9 mil 054, seguido del delito de amenazas, con 7 mil 909, y el de daño a la propiedad ocupa el cuarto lugar , con 7 mil 624 denuncias.
En el rubro de la vida y la integridad corporal, el delito de lesiones tiene un total de 5 mil 134 casos, mientras que el homicidio se ubica con 407.
CARGA LABORAL
Para 2023, se contaba con 403 fiscales del Ministerio Público, lo que representa una tasa de 12.3 agentes por cada 100 mil habitantes, ligeramente por debajo del promedio nacional, que se encuentra en 13.8.
Por otra parte, por cuanto hace al personal que opera dentro del Poder Judicial del estado de Coahuila, al cierre de 2023, se contaba con 36 jueces del sistema penal acusatorio, lo que representa una tasa de 1.1 autoridades por cada 100 mil habitantes y no reporta a jueces especializados en materia de ejecución penal pese a que el Sistema de Justicia Penal lo contempla así es que los 36 jueces del sistema penal acusatorio realizan las tres funciones antes descritas.
En cuanto a las cargas de trabajo de los operadores del Sistema de Justicia Penal del estado de Coahuila se observa que el volumen de solicitudes recibidas por el personal del área de servicios periciales es particularmente elevado, por lo que es necesario realizar un ejercicio que permita valorar opciones que fortalezcan el área, balanceen las cargas de trabajo y aumenten la disponibilidad de recursos en diferentes rubros, de manera que se haga más eficiente los servicios que se brindan.
“El Sistema de Justicia Penal requiere personal suficiente y capacitado para garantizar que los procesos funcionen de manera justa, eficiente y efectiva. Sólo así, se podrán evitar retrasos innecesarios que perjudican a las partes involucradas y generan sobrecarga al sistema judicial”, comentó Mariana Campos, directora general de México Evalúa.
PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS
“La participación de las víctimas en los procesos penales a través de la presentación de pruebas es fundamental para el esclarecimiento de los hechos, la determinación de la verdad y la justa imposición de penas”, cita el estudio.
En Coahuila de Zaragoza, durante 2023, sólo el 9.3% de las víctimas representadas por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) ofreció pruebas adicionales para complementar la acusación de la Fiscalía.
Aunque este porcentaje supera el promedio nacional, de 4.9%, “sigue siendo relativamente bajo, lo que sugiere que existen barreras significativas (ya sean de tipo jurídico, emocional o social) que limitan su capacidad para aportar información crucial para la investigación”, indica el estudio. Por otra parte, del total de víctimas representadas CEEAV, el 54.1% logró acceder a la reparación del daño en 2023.
“El dato muestra que Coahuila ha logrado un desempeño significativamente mejor que el promedio nacional (4%) en este rubro, lo cual es un indicador positivo de la eficiencia y eficacia de sus mecanismos de atención a víctimas”, cita el estudio.
COAHUILA VS MEDIA NACIONAL
Coahuila se coloca en el décimo tercer lugar a nivel nacional en materia de denuncias y querellas recibidas durante 2023, con 59 mil 720, por debajo de entidades como el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Guanajuato, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Chihuahua, Sonora y Querétaro. Asimismo, durante 2023 se reporta que en el estado de Coahuila hubo 35 mil 407 carpetas en proceso de investigación pendientes o en trámite.
En este sentido, otro factor importante analizar es la tasa de congestión en sede ministerial, la cual se ubica en 59.3% en el estado de Coahuila, lo que le coloca por encima del promedio nacional, que está en 55.5%.
Este valor se refiere al número de casos que permanecen en trámite en las instituciones de procuración de justicia. “En este sentido, poco más de la mitad de los asuntos iniciados ante la fiscalía aún se encuentran en trámite en la institución. Esta cifra es representativa de un desafío común en el sistema de justicia”, indica el informe.
El porcentaje de determinaciones ministeriales alcanzó el 9.5% del total de los procedimientos derivados de las carpetas de investigación iniciadas. Esta cifra coloca al estado de Coahuila muy por debajo del promedio nacional, el cual se ubica en el 34.5% para el mismo periodo.
No obstante, para el mismo periodo de análisis se reporta un total de 939 policías ministeriales, lo que representa una tasa del 28.3 por cada 100 mil habitantes, cifra por encima del promedio nacional. Durante 2023, en Coahuila, en 83.2% de los casos, la autoridad judicial determinó que la detención fue legal. Dicho porcentaje se encuentra por encima del promedio nacional, donde el 77.4% de las detenciones fueron consideradas como legales.
LO QUE NO SE DENUNCIA
Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) es posible calcular aquellos casos en los que no se ha un 91.6% de delitos no denunciados, en contraste con el 92.4% a nivel nacional. Es importante señalar que, en 2017, esta cifra se ubicó para ambos rubros en un 93.2%. A pesar de lo anterior, este valor generalmente se ha mantenido por debajo del promedio nacional.
En la cifra negra por delito, el robo o asalto en calle o transporte público se ubica en primer lugar, con un 98.7% de casos no denunciados, en contraste con el 93.4% a nivel nacional, lo que representa una diferencia del 5.3%. En segundo lugar está el delito de fraude, con un porcentaje de cifra negra de 95.7%, lo que lo ubica 0.8% por debajo del promedio nacional.
En tercer lugar se ubica el delito de extorsión, con un 94.5%, contra un 97.4% a nivel nacional.
LO QUE SÍ SE DENUNCIA
Con relación a la incidencia delictiva por entidad, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Coahuila se ubica en el lugar 14 de 32, al presentar una tasa de mil 802.1 delitos por cada 100 mil habitantes a mitad de año durante 2023. Esta cifra coloca a la entidad por encima del promedio nacional alcanzado durante el mismo periodo, el cual fue de mil 657.4 casos por cada 100 mil habitantes.
En cuanto a la distribución geográfica de la incidencia delictiva, según datos del SESNSP el municipio que reporta un mayor número de delitos es Torreón, con 14 mil 674 casos, mientras que Saltillo se ubica en segundo lugar, con 14 mil 038. Piedras Negras reporta 4 mil 365 delitos, seguido de Monclova con 4 mil 162 y de Acuña con 4 mil 092. Los municipios con un menor número de delitos reportados son Guerrero, con siete; Abasolo, con cinco; e Hidalgo, con tres.
MEDIDAS CAUTELARES
Las medidas cautelares son esenciales en el proceso penal, ya que aseguran su desarrollo, indica el estudio, además de que previenen que el acusado eluda la acción de la justicia, obstruya la investigación o perjudique a la víctima o a los testigos. De esta manera, las medidas cautelares contribuyen a la integridad y eficacia del sistema judicial.
Durante 2023, del total de medidas cautelares impuestas en Coahuila, el 59.3% fueron medidas cautelares en libertad, mientras que el 40.7% restante fue prisión preventiva, porcentaje por encima del promedio nacional, de 23%.
SENTENCIAS FIRMES
Cabe señalar que, de los mil 130 casos en los que se dictó sentencia en primera instancia, el 4.9% fue apelada. Esta cifra muestra una tasa de apelación significativamente baja, comparada con el promedio nacional de 30.9% en 2023, “lo que puede ser indicador de confianza en las decisiones judiciales, o una posible barrera para apelar, como costos prohibitivos o falta de recursos legales. Se recomienda profundizar en las razones por las que el número de las apelaciones en Coahuila es tan bajo”, señala el estudio.
RESPETO A DERECHOS HUMANOS
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado anualmente por la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH), tiene por objetivo evaluar el respeto de los derechos fundamentales en el sistema penitenciario nacional. En su versión 2023, la CNDH asignó al estado de Coahuila una calificación de 6.31, con lo que se posiciona ligeramente por encima del promedio nacional que fue de 6.3 puntos.
RECOMENDACIONES
Dentro de las principales recomendaciones de México Evalúa para mejorar la justicia penal en Coahuila se encuentran: un diseño participativo de la política criminal 2024-2030, revisar el no ejercicio de acción penal, fortalecer la justicia alternativa, consolidar la cooperación interinstitucional y mejorar la coordinación con la sociedad civil para garantizar transparencia.
Desde el ámbito presupuestal se recomienda revisar y planear los requerimientos de las instituciones, en particular en materia de seguridad pública y fiscalía. “Es especialmente preocupante la situación de la Fiscalía de Coahuila, que en contraste con los promedios nacionales es una de las instituciones de esta especie con menos recursos en el país”, indica el estudio.
En cuanto a los tiempos de duración de los procesos penales, se recomienda revisar si hay procesos o políticas que se pueden instaurar en el estado, para acortar tiempos, “ya que en el caso de Coahuila prácticamente todas las soluciones llegan más tarde que en el promedio nacional”, cita.
En cuanto a la duración de los procesos, resalta que tratándose de mujeres procesadas hay una desigualdad manifiesta de género, ya que en todas las modalidades de resolución el tiempo que tardan en resolverse para las mujeres es mayor que para los hombres.
“Esta disparidad sugiere posibles sesgos de género en el sistema judicial o en el tratamiento de los casos, lo que podría afectar la equidad del proceso judicial y la percepción de justicia de las mujeres procesadas”, concluye el estudio.
Procesos Penales más lentos para Mujeres
En todos los casos, la duración de los procesos penales en los tribunales es un aspecto crucial que impacta directamente en los derechos de los acusados y en la percepción de la justicia por parte de la sociedad, aseguran los investigadores de México Evalúa, quienes consideran que un proceso penal prolongado vulnera el derecho a un juicio justo y a ser juzgado sin dilaciones indebidas, principios fundamentales en cualquier sistema de justicia democrático.
La duración media de los procesos penales que finalizaron mediante acuerdo reparatorio fue de 220 días para los hombres y de 241 días para las mujeres, plazo mayor al promedio nacional (214 días). En el caso del procedimiento abreviado, la duración media fue de 279 días para hombres, mientras para las mujeres el proceso se alargó hasta 333 días.
La terminación de causas penales mediante juicio oral es la forma menos común para el cierre de casos en la entidad. Durante 2023, los procesos que concluyeron por juicio oral duraron alrededor de 704 días para hombres y 945 para mujeres. Este tipo de procesos duró alrededor de 150 días más, comparado con el promedio nacional.
Los casos resueltos mediante suspensión condicional del proceso fueron de 214 días para hombres y 268 para mujeres. Al utilizar este tipo de figura en Coahuila, los casos se concluyeron en un período más corto, comparado con el promedio nacional, de 308 días.
“Al analizar estas cifras, resalta la desigualdad de género en la duración de los procesos, dado que en todas las modalidades el tiempo de resolución para las mujeres es mayor que para los hombres.
Esta disparidad sugiere posibles sesgos de género en el sistema judicial o en el tratamiento de los casos, lo que podría afectar la equidad del proceso judicial y la percepción de justicia de las mujeres acusadas”, indica el estudio.
