Un país como México, con historia de dictaduras y autoritarismos, necesita de autoridades que funcionen sin ningún tipo de interferencias o presiones políticas ni económicas.
La importancia y relevancia de figuras de regulación independientes, autónomas e imparciales que equilibren la concentración del poder es fundamental para la democracia.
En el sistema mexicano, esta figura recae en los organismos autónomos que contribuyen a fortalecer los objetivos de la democracia moderna y a la libertad de expresión, ya que complementan a la tradicional división de poderes.
Las funciones que tienen a su cargo los organismos constitucionales autónomos adquieren identidad propia, y se separan de aquellas tareas públicas habituales, con el fin de construir y conformar un Estado democrático moderno, capaz de crear instituciones paralelas a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial que se sumen a la consolidación de la vida institucional y abonen para fortalecer la confianza de la sociedad en el Gobierno.
Cada uno de nuestros organismos constitucionales autónomos tiene su origen en un problema profundo y real que llevó a la adopción de medidas tendientes a fortalecer la democracia en México, entre las que se encuentran la creación y aceptación de este tipo de autoridades independientes, autónomas y especializadas.
No puede ser coincidencia que los órganos constitucionales autónomos hayan formado parte primero de la administración pública centralizada, desconcentrada o descentralizada, y que después de un tiempo, y dadas las funciones esenciales que desarrollan, se haya decidido separar al organismo autónomo de los poderes tradicionales y darle independencia para construir confianza.
Pretender regresar las funciones que tiene un organismo autónomo a un Poder tradicional sería retroceder en la consolidación natural de este tipo de instituciones en deterioro de los derechos de las y los mexicanos. Los organismos constitucionales autónomos se vuelven indispensables en el desarrollo y evolución del Estado Democrático, ese Estado democrático moderno, capaz de reconocer y responder ante la exigencia social de contar con instituciones especializadas y ágiles que sean de utilidad para la sociedad.
La creación de los órganos especializados autónomos de los tres poderes de la unión, permite mejorar los controles ciudadanos sobre la actividad del Estado, además de garantizar un desempeño profesional, objetivo y eficiente del sector público, en la medida que no existe una dependencia jerárquica formal alguna, así como también en los procesos de nombramientos de sus titulares, pues participan distintas instancias con representación democrática y/o solvencia moral y técnica.
Aunado a toda la importancia que en sí mismo tiene un organismo constitucional autónomo, cuando se trata de la protección de derechos humanos, el tema se vuelve trascendental pues se trata de derechos inherentes a las personas por su condición humana, reconocidos legal y constitucionalmente y que deben ser de aplicación inmediata, como es el caso del INAI.
El INAI se encarga de garantizar no uno, sino dos derechos humanos: el derecho de acceso a la información y el derecho que todos y todas tenemos a la protección de nuestros datos personales, es la forma jurídica más completa en virtud de la autonomía constitucional con la que cuenta y es, además, fruto de un proceso democrático y de reclamo social frente a la opacidad que imperó en México durante mucho tiempo.
