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El Juez Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles, Saúl Martínez Lira, “violó el principio pro persona de los acreedores de AHMSA, al no notificarles ni consultarlos antes de rechazar legalidad de la asamblea de socios de Altos Hornos celebrada el pasado 21 de diciembre”, señaló el representante de varios de éstos, el abogado Héctor Manuel Garza Martínez.
El jurista explicó que por eso promovió un recurso legal para que el togado los escuche antes de decidir si fue o no legal la asamblea de socios de la empresa.
“Si existe una condición para que los inversionistas inyecten el recurso financiero y existe la disposición de las partes para satisfacer la condicionante (el cambio de mesa directiva) y esto no afecta la masa (la empresa) ni los créditos (la deuda) debería ser aprobado por el Juez” dijo Garza Martínez.
Altos Hornos de México como sociedad anónima “es una persona moral” y el cambio de mesa directiva del Consejo de Administración no modifica su personalidad jurídica, ni sus deudas ni responsabilidades legales.
El representante de los acreedores explicó que el titular del Juzgado Segundo de Distrito con residencia en la ciudad de México y autoridad en todo el país, debió investigar la petición del conciliador del proceso que le solicitó la autorización para celebrar la asamblea de socios de AHMSA.
El Juez Martínez Lira “sólo dijo que no a la petición. Que faltaba información. Pero no la pidió, ni puso en conocimiento de la parte demandante (los mil 600 acreedores) la petición para la reunión de accionistas ni les tomó su opinión” sostuvo el asesor jurídico.
Expuso que esto es una violación al principio de pro persona de sus representados, “porque no se les dio el derecho a ser informados ni a ser escuchados” agregó.
La asamblea se celebró el 21 de diciembre y se acordó la contratación de un crédito de hasta por 600 millones de dólares, no se modificó el Consejo de Administración para no violar la disposición del juzgador, se informó a los accionistas de la situación del proceso judicial y aprobaron la liquidación de bienes no prioritarios de producción, para eliminar carga impositiva.
Hector Manuel Garza Martínez dijo que esos acuerdos no llegaron al Juzgado Segundo de Distrito y no obran en autos en el expediente, por lo que los acreedores, el juez y el conciliador desconocen si se contrató o no el crédito y cómo se está aplicando.
Recordó que el conciliador, Víctor Manuel Aguilera Gómez, de acuerdo a la figura legal que desempeña, debe tener participación en la administración de la industria.
Reconoció que AHMSA tiene nuevamente energía eléctrica, pero indicó que no hay movimiento de producción de acero y dijo que para que esto se dé, es necesario que tomen conocimiento el conciliador y el Juez y que lo aprueben.
Consideró que el togado debe sopesar la situación económica en la que cayeron Monclova y la Región Centro de Coahuila por la paralización de AHMSA para tomar decisiones enfocadas en lograr la recuperación de la industria.
“Restan como 15 días para que termine el plazo de negociación. No sabemos si habrá más plazo. La ley señala que se pueden extender dos períodos (adicionales) de 90 días cada uno. Pero de ahí sigue la quiebra y eso es lo que nadie quiere” abundó.
Expuso que si se llega a la quiera, la empresa se disuelve y se rematan los bienes y los acreedores no podrán cobrar lo que se les debe.
Primero se deben salvar los derechos de los trabajadores, lo que quede se utilizará para pagar a los acreedores privilegiados como el gobierno y los prendarios, y los recursos económicos se agotarán y no alcanzarán para los demás acreedores, expuso.
Reiteró que el Juez debió investigar quiénes son los inversionistas que llegan y cómo aplicarán los recursos frescos para la reactivación de AHMSA.
También dijo que el togado debe analizar la situación y si existe una condicionante para que se inyecten los 600 millones de dólares y no se perjudica la masa ni la cartera de los créditos, debe aprobar el cambio de mesa d
