(EL SIGLO DE TORREÓN)
Durante la Segunda Sesión del Primer Periodo de la Diputación Permanente, se aprobó por unanimidad de votos una Proposición con Punto de Acuerdo con la finalidad de exhortar a los 38 Ayuntamientos para que, conforme a sus capacidades presupuestales, técnicas y humanas, promuevan la instalación de unidades de asesorías jurídicas gratuitas.
Lo anterior con el objetivo de que presten los servicios de orientación, asesoría y representación a personas de escasos recursos, con especial atención a aquellas que radican en comunidades más alejadas, a fin de contribuir a garantizar su derecho de acceso a la justicia de forma cercana y accesible.
En la exposición de motivos, el diputado Sergio Zenón Velázquez Vázquez, manifestó que el derecho a la justicia se constituye como premisa fundamental en aras de construir una sociedad de paz y convivencia, siendo la defensa pública un medio central para garantizarla.
Indicó que, en Coahuila, la institución de defensoría pública ha evolucionado mucho en los sesenta años que lleva de existencia, cuando fue publicada en el año de 1964 la Ley de la Defensoría de Oficio, en la cual se le establece como un órgano independiente del Tribunal de Justicia para brindar asistencia jurídica a quienes no contaran con un defensor particular en los ramos civil y penal.
Añadió que actualmente el Instituto Estatal de Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que tiene por objeto garantizar el acceso de los particulares a la justicia en condiciones de igualdad como derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Coahuila.
Recordó que tiene competencia en materia civil, familiar, mercantil, penal y de justicia para adolescentes; así como orientación jurídica en materia administrativa, agraria, protección a consumidores y a los usuarios de servicios financieros.
Destacó que este órgano tiene presencia en todas las regiones del estado a través de ocho oficinas ubicadas en Saltillo, Torreón, Monclova, Parras de la Fuente, Sabinas, Piedras Negras, Acuña y San Pedro.
Adicionalmente tiene en marcha un programa de Justicia Itinerante con el fin de poner a disposición de la población que, por cuestiones económicas, no puede acudir a sus instalaciones.
“No cabe duda la importante función que ejerce este instituto para garantizar a las personas su derecho constitucional a una debida defensa técnica y jurídica. Tan solo en el año 2022, esta atendió a 206 mil 951 personas en todo el estado”, resaltó.
No obstante, dijo que a la par de este gran esfuerzo de protección a la ciudadanía, la extensión territorial del estado y la dispersión entre algunos de sus municipios hacen compleja la labor.
“En ese sentido, es claro que los municipios pueden abonar a acercar aún más el servicio de acceso a la justicia a nuestra población.
En lo particular, el municipio de Nava puede contar un caso de éxito en este tema, cuando se instaló una Unidad de Asesoría Jurídica que estuvo en funciones durante los años de 2018 a 2021, tiempo en el que brindó 921 asesorías jurídicas y tramitó más de 141 juicios principalmente en materia familiar”, expuso.
Agregó que esta función ejercida por parte del municipio coadyuvó, sin duda, a desahogar las cargas que tiene el Instituto, además de contribuir a la economía de las familias al poder recurrir de forma inmediata a profesionales del Derecho sin tener que sufragar gastos de traslado ni recurrir a un abogado particular.
“Desde este Congreso, las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional estamos comprometidos con el bienestar colectivo, buscando siempre impulsar propuestas que permitan generar mayor prosperidad a cada coahuilense”, subrayó.
Por tal motivo, con el fin de seguir colaborando al respeto de los derechos humanos de las y los coahuilenses, hizo un llamado a los 38 ayuntamientos a fin de que, en el ámbito de sus competencias y conforme a sus capacidades humanas, técnicas y presupuestales, procuren la instalación de unidades de asesorías jurídicas que de manera gratuita ofrezcan los servicios de orientación, asesoría y representación a los ciudadanos, en especial aquellos que se ubican en las comunidades o localidades más alejadas y personas que por su condición económica lo requiera.
