Por primera vez hice referencia al tema, en este mismo espacio, la primera semana de febrero en un artículo titulado: "¿Quién declarará la validez de la elección presidencial?". Posteriormente, a pesar de la importancia de este asunto, nadie -hasta donde sé-- se ocupó del mismo. La semana pasada volví al tema, aquí mismo. Por fortuna también lo hicieron, y prácticamente con el mismo enfoque --aunque con algunas diferencias a las que haré mención en próxima entrega-- dos eminentes juristas: Lorenzo Córdova y Elisur Arteaga Nava, en el diario El Universal y la revista Proceso, respectivamente.
En su texto, Lorenzo Córdova cita la importante función que el artículo 99 de la Constitución asigna a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a la que corresponde realizar el cómputo final de la elección presidencial, una vez que se hayan resuelto todas las impugnaciones, así como formular, en su caso, la declaración de validez de dicha elección y la de Presidente Electo en favor de la candidatura que haya obtenido más votos.
A continuación se pregunta cómo podrá la Sala Superior del TEPJF ejercer esa responsabilidad si desde noviembre sólo cuenta con cinco de siete magistrados y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación previene (artículo 167) que para llevar a cabo dicha importante función requiere, para sesionar válidamente, "la presencia de por lo menos seis de sus integrantes".
Luego Córdova señala, y con razón, que ha sido "la mayoría morenista en el Senado" la "que no ha permitido el nombramiento de las dos magistraturas que quedaron vacantes desde el 1° de noviembre de 2023".
Sobre el probable fondo de esa maniobra senatorial morenista, Córdova escribe que "es preocupante la recurrencia con la que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum han venido hablando de fraude; no vaya a ser -dice-- que estén preparando el terreno para 'patear la mesa' si los resultados no les satisfacen. Por eso, desde ahora -apunta Cordova-- hay que recordar que esa irregularidad -que podría resolverse haciendo ya los nombramientos faltantes- es sólo y exclusivamente de Morena".
Por su parte, el reconocido tratadista de la Constitución mexicana, Elisur Arteaga, señala en su artículo lo siguiente: "A estas alturas en que se hallan las campañas políticas hay algo que es cierto: el proceso electoral es anulable, se han dado los vicios suficientes para que se haga tal declaración".
Más adelante, el célebre constitucionalista recuerda a sus lectores que recientemente las autoridades electorales informaron a AMLO "que le están juntando las ilegalidades que está llevando a cabo en el proceso electoral; ello evidentemente, con vista a su eventual anulación. Deben comprender, desde luego, tanto las que realizó en la etapa de precampaña como las que está realizando para favorecer a Claudia, su candidata, y para perjudicar a Xóchitl Gálvez, su adversaria".
Escribe a continuación Elisur Arteaga: "En este momento AMLO y Morena ya han hecho lo suficiente para que se anule el proceso electoral. Si son realistas: qué objeto tiene -dice-- que sigan gastando más dinero y estén luchando por conseguir más votos, si ya dieron motivo para que el proceso se anule".
Sentada la anterior premisa, Arteaga Nava concluye: "En un escenario en que ella (Sheinbaum) resulte triunfadora en la elección, habría elementos más que suficientes para demandar la anulación del proceso electoral por lo que toca a la Presidencia de la República".
Sin embargo, el autor del enciclopédico tratado de "Derecho Constitucional" dice enseguida: "No puede afirmarse lo mismo por lo que toca a un escenario en el que resulte triunfadora Xóchitl Gálvez. Morena y sus cómplices, hasta este momento, no tienen elementos para demandar la anulación de la elección".
Finalmente, casi en los mismos términos en que plantea la cuestión Lorenzo Córdova, Elisur Arteaga propone una fórmula para salvar el obstáculo que representa el hecho de que para declarar la elección presidencial y declarar Presidente Electo, la Sala Superior del TEPJF hoy sólo cuente con cinco de siete magistrados, y la ley ordena que en la sesión en que resuelva este grave asunto deben estar presentes "por lo menos seis de sus integrantes", número que ahora no se completa.
En la semana de Pascua, expondré mi opinión sobre las propuestas de solución que apuntan uno y otro jurista. Aunque salvables desde el punto de vista del derecho se advierten, sin embargo, debilidades en el aspecto político.
