El anuncio de la titular del poder ejecutivo respecto al proyecto de diseño y producción de un auto eléctrico 100% mexicano ha generado buenas reacciones en el sector empresarial y académico. Esta idea se enmarca en un planteamiento de desarrollo tecnológico bastante ambicioso en el que se incluye “consolidar” el programa espacial mexicano con el lanzamiento de un satélite propio; el desarrollo nacional de semiconductores; la extracción y empleo industrial de litio y la fabricación de drones, entre otros tantos.
Me parece que a la sociedad mexicana en general le gustaría, me incluyo, que estas ideas se pudieran materializar, ya que no solo se trata de desarrollos tecnológicos vistosos, sino que la consecución de estos objetivos generaría beneficios económicos para el país, además de que representaría un salto importante en la brecha del conocimiento científico mundial y en la generación de nuevas capacidades tecnológicas.
En este sentido, la reconocida académica y economista Mariana Mazzucato hace énfasis en la necesidad de la inversión estratégica del Estado en la generación de conocimiento científico, así como en la aplicación práctica de estos conocimientos en desarrollos tecnológicos que incrementen el bienestar de la sociedad en general, y no únicamente el de los grandes empresarios.
Resulta evidente que para que las ideas cobren vida se requiere de recursos económicos, y aquellas de mayor calado y trascendencia usualmente demandan un mayor monto de éstos. Por otro lado, cualquier idea cuyo propósito es la fabricación y comercialización de algún producto debe formalizarse al menos como un proyecto de inversión, con todos sus elementos, desde un estudio de mercado hasta una evaluación económica y un análisis de riesgo. Ahora, un emprendimiento tecnológico que movilizará recursos públicos, económicos y humanos, también debe insertarse dentro de una política pública de ciencia y tecnología claramente definida, en la que se establezcan indicadores de gestión, de resultados y de impacto, que permitan su evaluación no solo en términos financieros, sino sociales y políticos.
Justamente el aspecto que más nos genera incertidumbre y preocupación a algunos analistas es de dónde saldrán estos recursos. La recién creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SCHTI), que básicamente sustituye al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONACYT), además de administrar la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, nace precisamente con una reducción presupuestal que, en términos reales, equivale a poco más del 4% para el 2025. Además, esta nueva Secretaría llega con compromisos institucionales insoslayables como el mantenimiento del Programa de Becas; la administración y financiamiento de los Centros Públicos de Investigación; y, los estímulos económicos a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.), que, sumados, representan más del 91% de sus recursos presupuestales (datos del CONACYT). Existen otros programas y fondos dentro de la SCHTI de los cuales se podría echar mano, pero al momento es imposible saber a ciencia cierta qué porcentaje se podría destinar para el proyecto del auto eléctrico y si serían suficientes.
De ahí la importancia de transitar de una idea a un proyecto que forme parte de una política pública. Permanecer largo tiempo en el terreno etéreo de las ideas no ayuda a la certeza y viabilidad de éstas. En aras de hacer realidad la producción del auto eléctrico mexicano es indispensable transitar al terreno institucional, que fundamentalmente implica definir formalmente los organismos públicos responsables del proyecto, las fuentes de financiamiento, las etapas del desarrollo y el resto de los actores involucrados. Ojalá.
