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Correas cómplices

DENISE DRESSER.-

"La historia juzgará a los cómplices".

Anne Applebaum

Para salvarse, tres magistrados del Tribunal Electoral federal optaron por colocar una correa alrededor de su propio cuello y permitir que los domestique el partido en el poder. Para acomodarse, la mayoría decidió unirse a la manada morenista. Tienen nombre y apellido: Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Los tres magistrados que el año pasado llevaron a cabo un pequeño golpe de Estado, arrebatándole la presidencia a Reyes Rodríguez. Desde entonces han ido perdiendo autonomía, independencia y decencia. Lo acaban de confirmar callando sobre la injerencia ilegal de López Obrador en la contienda electoral. Para los tres magistrados la elección del 2024 fue prístina, impoluta, virginal. Tenían la obligación de exhibir las irregularidades, pero se pusieron un bozal.

Ignoraron la legislación electoral cuando les toca exigir que se cumpla a cabalidad. Desecharon los precedentes del pasado, asentados para impedir que las intervenciones imprudentes de Vicente Fox en 2006 volvieran a ocurrir. Precisamente porque el panista rompió el principio de equidad electoral, atacando a AMLO como lo hizo, tenemos normas electorales restrictivas que impiden al Presidente pronunciarse a favor de su candidato(a) o de su partido. López Obrador lo sabe porque él mismo logró que la nueva normatividad del 2007 incluyera el recuento voto por voto en elecciones cuestionadas, que se prohibieran las campañas negativas, que se proscribiera la compra de publicidad política a las televisoras. Él mismo impulsó esas reglas consensadas por todos los partidos, que en 2024 se dedicó a violar.

Todos los vimos. Todos lo escuchamos. Mañanera tras mañanera cuando promovía a Claudia Sheinbaum, arremetía contra la oposición y presumía los programas sociales, el Presidente violaba la ley. El INE -a pesar de su debilidad- lo fue documentando, con sentencias, con admoniciones, con exhortos que López Obrador desechó como actos de censura. O respondió desafiante: "no me vengan con que la ley es la ley". O fue incongruente al decir "no somos iguales", cuando imitaba las peores prácticas del PRI y del PAN. Al intervenir como lo hizo, AMLO se convirtió en una chachalaca con megáfono.

¿Cómo explicar entonces el aval de la mayoría del Tribunal? ¿Cómo entender que denunciaran el injerencismo presidencial en 2006, pero callaran sobre su magnificación en 2024? La respuesta es sencilla. El Tribunal Electoral ha tenido momentos de independencia loables y coyunturas de claudicación condenables. Ha sido víctima de la captura por los partidos. Ha sido un coto de caza. Sus fallos inconsistentes a lo largo de los años revelan quién se volvió su dueño, dentro del PAN o del PRI. Hoy quien controla la correa es López Obrador y al menos tres magistrados han decidido postrarse ante el nuevo amo para no volverse perros callejeros, viviendo a la intemperie, sin hueso que roer.

Por eso es tan valiosa la argumentación disidente de la magistrada Janine Otálora, quien rehusó sumarse a la postura de sus colegas. Subrayó los más de 50 pronunciamientos de la autoridad electoral sobre cómo López Obrador violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Hubo procesos adelantados de campaña. Hubo injerencia ilegal del Presidente. Hubo omisión del Senado, controlado por Morena, en nombrar a los magistrados faltantes. Hubo intervención del crimen organizado en la elección.

No hay duda del triunfo contundente de Claudia Sheinbaum y la oposición partidista armó su impugnación de manera lamentable. Pero como sociedad -si es que queremos mantener vivo el sueño democrático- merecemos mejores procesos electorales. Confiables, limpios, equitativos y no capturados, sucios e inequitativos, sólo porque Morena quiere perpetuarse en el poder.

Janine Otálora denunció la realidad. Ante ella, tres magistrados promorenistas se colocaron la correa, avalaron las dentelladas a la Constitución y continuarán haciéndolo si respaldan la sobrerrepresentación. A cambio, recibirán un plato de croquetas. Porque el dictamen de la reforma judicial prevé que se queden en su puesto hasta el 2027 y luego puedan ser postulados a la Suprema Corte. Ellos, como buenos cómplices, no perderán el puesto o padecerán la destrucción institucional. Podrán postrarse tranquilamente ante la Presidenta y lamerle los pies.

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Escrito en: Denise Dresser Columnas editorial

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