No es la primera vez que comandos de pistoleros destruyen cámaras de videovigilancia de una ciudad mexicana, pero ciertamente cada ocasión que sucede de nuevo los sicarios son más insolentes y desvergonzados. Más altaneros, más atrevidos, más ostentosos. Y en cada oportunidad, la ausencia del Estado se vuelve más notoria por el inaudito nivel de impunidad de los agresores, siempre ante la complicidad o la ineptitud de las fuerzas policiales -municipales y estatales- y la ausencia de elementos federales.
Déjeme le recuerdo el más reciente episodio, ocurrido el 25 de noviembre pasado, hace dos semanas y media: durante 27 minutos, células de sicarios balearon y destruyeron 80 cámaras de vigilancia de Culiacán, la capital de Sinaloa, ese estado en guerra entre los afines a los hijos de El Chapo Guzmán y aquellos leales a El Mayo Zambada, una confrontación que causó 555 muertos en sus primeros tres meses de escaramuzas (cerca de cien ataques, del 9 de septiembre al 9 de diciembre) y alrededor de 50 heridos, según datos de la Fiscalía local. Además, hay más de 500 desaparecidos, personas que se presume fueron levantadas por uno u otro bando.
Importa el ataque del 26 de noviembre, no porque las vidas de más de mil personas no tengan importancia, sino por que exhibió que, en casi media hora de bacanal delictivo, comandos criminales destruyeron más de 80 videocámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia del Estado de Sinaloa (el famoso C4i), y nadie hizo absolutamente nada para impedirlo. Las células armadas rafaguearon cuanto sitio quisieron y ni un policía municipal o estatal intento detener la arremetida. ¿Y las fuerzas federales desplegadas ahí? Nada.
Durante 27 minutos (entre las 02:12 horas y las 02:39), los sicarios dispararon sin inhibirse un segundo, hasta que cumplieron su cometido. No he hallado una prueba concluyente sobre la autoría del ataque y sí he recabado indicios de que ambos grupos enfrentados, Los Chapitos y La Mayiza, se pusieron de acuerdo para pactar una tregua y despedazar la infraestructura de videovigilancia, con el pragmático argumento de que ninguna de las partes quería que, a la hora de los enfrentamientos, fueran identificados -por las fuerzas policiales y militares- más elementos de sus bandas.
Con las 80 cámaras destruidas en más de 30 balaceras registradas esa madrugada (al menos dos por episodio, 2.6), ya suman 390 las cámaras inactivas en Culiacán, de un total de 794, lo que representa prácticamente la mitad inutilizada. Una ciudad que, si fuera un rostro humano, sólo tendría ya un ojo para observar a la delincuencia que no sólo combate entre ella, sino que paralelamente extorsiona y secuestra a todo tipo de emprendedores.
Como Culiacán, ¿cuántos municipios, en cuántos estados, hemos visto que sean sometidos por el crimen organizado desde el año 2000?
El miércoles pasado la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo al frente de la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. La acompañaron las gobernadoras y gobernadores. Ahí, los conminó a que cumplan con su deber, a que hagan su parte, con ayuda federal, si quieren, pero que cumplan con lo que tienen que hacer por mandato de ley, que es brindar seguridad a los ciudadanos. Llevamos los periodistas todo el siglo olvidando que los homicidios son delitos del fuero común, competencia local, y que todos los gobernadores y los fiscales que han pasado en 25 años, hasta los actuales, han conjuntado un cuarto de siglo haciéndose güeyes, por no escribir la peladez que se merecen.
Ya basta de ser administradores de lana y no hacer un carajo, ¿no?
X: @jpbecerraacosta
