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Ciudadanía sin acceso a datos oficiales de Centros de Rehabilitación de Adicciones

La situación actual de los centros de rehabilitación en Coahuila es crítica y requiere una intervención urgente y coordinada entre las autoridades y la comunidad.

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2024/denuncian-otro-anexo-en-monclova-exigen-su-clausura.html

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HILDA SEVILLA

En Coahuila, la ausencia de una ruta clara de apoyo e información para acceder a centros de rehabilitación regulados por la Secretaría de Salud está generando un serio problema para las familias que buscan ayuda para sus seres queridos.

Roberto Cárdenas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8 en la Región Sureste, confirmó que existe un censo de centros de rehabilitación registrados, pero acceder a esta información no es sencillo. Los ciudadanos deben ingresar a la página de transparencia de la Secretaría de Salud, un trámite desconocido y complicado para muchos.

Roberto Cárdenas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8 en la Región Sureste.
Roberto Cárdenas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8 en la Región Sureste.

La falta de accesibilidad a esta información está llevando a que muchas personas recurran a centros de rehabilitación no regulados, encontrados a menudo a través de plataformas como Facebook.

Esta situación facilita la proliferación de anexos ilegales, muchos de los cuales utilizan prácticas agresivas y peligrosas que han resultado en graves abusos, e incluso muertes.

Según la Subdirección de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud del Estado, hay 74 centros de rehabilitación registrados en Coahuila. Sin embargo, Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud, informó que existen alrededor de 200 anexos en el estado, de los cuales más de 120 operan sin los permisos necesarios.

Falta de regulación

Las historias de maltrato, abuso sexual y muerte en estos centros no regulados son alarmantes. Las autoridades han recibido múltiples denuncias de estos incidentes, pero la supervisión y regulación de estos espacios sigue siendo insuficiente.

Los legisladores locales, incluyendo al diputado Jorge Valdés Flores, han impulsado la necesidad de una regulación más estricta y la cooperación de los ayuntamientos para detectar y clausurar estos centros clandestinos.

En respuesta a esta problemática, Valdés Flores presentó un exhorto urgente a los ayuntamientos para que proporcionen un listado actualizado de estos establecimientos y realicen inspecciones periódicas.

“Enviamos exhortos desde el Congreso para que informaran sobre la situación de los anexos: cuántas licencias han otorgado y cuántos centros han clausurado; sin embargo, solo Saltillo y San Juan de Sabinas respondieron a esta solicitud”, detalló el diputado.

La colaboración entre diferentes niveles de gobierno y la implementación de medidas de regularización son esenciales para garantizar la seguridad y bienestar de los internos.

En un caso reciente, en el municipio de Arteaga, más de 50 personas fueron encontradas en condiciones de maltrato en un centro que generaba hasta 150 mil pesos semanales, pese a sus prácticas abusivas.

Para abordar esta crisis, se presentará una iniciativa en el Congreso del Estado de Coahuila durante el periodo ordinario de septiembre. La diputada Luz Elena Morales Núñez explicó que esta iniciativa, elaborada en colaboración con el Poder Judicial, busca prevenir que proliferen más centros clandestinos.

Con lo anterior, se establecerán normativas que aseguren que los centros de rehabilitación cumplan con los requisitos adecuados para ofrecer servicios de calidad y evitar abusos.

La única forma que tienen las familias para verificar si un centro está regulado es revisar si tienen la documentación visible de la Secretaría de Salud.

La denuncia ciudadana 

Las autoridades han afirmado que las quejas y denuncias se atienden en menos de 24 horas, pero enfatizan la necesidad del apoyo ciudadano para identificar y reportar centros ilegales.

Cabe señalar que de acuerdo a la Secretaría de Salud, en días pasados se llevó a cabo una mesa para poner en regla y actualizar el censo de centros de rehabilitación en Coahuila y poder dar a conocer dicha información a la ciudadanía.

Otro de los puntos es el costo por las denominadas terapias que se imparten en los anexos, pues pueden ir desde los mil quinientos pesos por semana, aunque dicha información tampoco está al alcance de la ciudadanía.

En este tema, uno de los centros de rehabilitación más conocidos en la entidad es “Cristo Vive”, donde se dio a conocer que el tiempo de permanencia de las personas que luchan contra las adicciones de drogas, alcohol e incluso depresión, son de tres meses y gratuitas, pero no se cuenta con apoyo de especialistas, como psicólogos, solamente a través de la biblia es como se brinda la ayuda.

En estos lugares, que están ubicados en varios municipios del Estado, se atiende a menores de edad, siempre y cuando sea por propia voluntad, al igual que en el resto de los centros, incluso los clandestinos.

Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud del Estado, ha reconocido en diversas entrevistas que la dependencia enfrenta serios desafíos para supervisar adecuadamente estos establecimientos.

Eliud Aguirre Vázquez, secretario de salud.
Eliud Aguirre Vázquez, secretario de salud.

A pesar de que la Secretaría tiene la responsabilidad de verificar que los centros cuenten con los permisos necesarios y un protocolo de atención adecuado, la realidad muestra una proliferación de centros clandestinos que operan sin regulación.

Aguirre Vázquez ha señalado que muchos de estos centros operan desde domicilios particulares, sin ningún tipo de señalización que los identifique. Esta clandestinidad dificulta enormemente su detección y supervisión.

"Generalmente, esos que no están registrados, son por quejas y nos vamos por quejas. Muchas veces abren un domicilio, no ponen nada donde se indique que se trata de un centro de rehabilitación y empiezan a meter gente para rehabilitar", explicó.

La mayoría de las veces, las autoridades solo se enteran de la existencia de estos lugares a través de denuncias de abuso presentadas por familiares de los pacientes. Este método reactivo de supervisión es inadecuado y pone en riesgo la vida y la salud de los internos, quienes son sometidos a condiciones deplorables y prácticas abusivas.

"Hay muchas cosas que se pueden hacer para regularizar, estar acudiendo primero que se registren y que cumplan con la norma", afirmó.

La regulación implica no solo la intervención de la Secretaría de Salud, sino también de Protección Civil, para garantizar que las instalaciones sean adecuadas y no haya hacinamiento. Estas condiciones son esenciales para asegurar que los centros puedan albergar a los pacientes de manera segura y digna.

Aguirre Vázquez enfatizó que la participación de la ciudadanía es crucial para detectar y clausurar los centros ilegales.

"Aquí hay que reconocer que es sumamente complicado detectar esos establecimientos si no tenemos quejas, pero cuando nos pasan el dato acudimos y vemos si está en buenas condiciones y tengan todos los permisos", declaró.

Las quejas y reportes de la comunidad son la principal herramienta para identificar estos lugares y asegurar que cumplan con las normativas establecidas. Para abordar de manera efectiva esta crisis, es necesario implementar un sistema de supervisión proactivo y transparente.

¿Qué se debe hacer?

La Secretaría de Salud, junto con otras entidades gubernamentales, debe desarrollar un plan integral que incluya inspecciones regulares y la creación de un registro público accesible de centros de rehabilitación autorizados.

Este registro debe estar disponible en las plataformas oficiales y ser de fácil acceso para la población, que por cultura, su primera fuente de consulta es la red social Facobook, donde se anuncian los anexos clandestinos.

Además, se necesita una campaña de concientización para informar a las familias sobre cómo identificar centros regulados y cómo reportar aquellos que operen de manera ilegal.

Las autoridades locales deben colaborar estrechamente con la ciudadanía para asegurar que cualquier irregularidad sea reportada y atendida de manera oportuna.

La situación actual de los centros de rehabilitación en Coahuila es crítica y requiere una intervención urgente y coordinada.

La falta de regulación y supervisión ha permitido la proliferación de centros clandestinos que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas que buscan ayuda.

Solo a través de un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la ciudadanía se podrá garantizar que estos establecimientos operen de manera segura y efectiva, brindando el apoyo necesario a quienes más lo necesitan.

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