El diputado Alvaro Moreira Valdés. (ISABEL AMPUDIA)
Se buscará que se impulsen los mecanismos de difusión comunitaria y coordinación con autoridades educativas de las entidades federativas, que permitan garantizar el derecho de la niñez a la educación inicial a fin de alcanzar su universalidad.
Para ello, durante la última sesión en Congreso del Estado de Coahuila se presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para llevar a cabo dicho objetivo.
En la exposición de motivos, el diputado Alvaro Moreira Valdés, recordó que la primera infancia es definida por UNICEF como el periodo que va desde el nacimiento hasta el ingreso en la escuela primaria.
Añadió que es una etapa crítica en el ciclo vital de los seres humanos debido a que las conexiones neuronales del cerebro ocurren a una velocidad que no se repetirá en la vida, siendo la base para el desarrollo de todas las habilidades fundamentales necesarias para un crecimiento sano y feliz.
Comentó que en México han transcurrido cinco años (2019) desde que la educación inicial se reconoció como un derecho de niñas y niños de cero a tres años de edad, parte de la educación básica la cual debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
Añadió que desde la reforma constitucional publicada el 15 de mayo de 2019 se estableció que el Ejecutivo Federal definiría la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) para determinar el esquema de gradualidad de su impartición y financiamiento hasta alcanzar un universalidad.
En nuestro país la educación inicial se imparte en dos modalidades: escolarizada y no escolarizada. La primera opera con un programa educativo y la atención es brindada por los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) o por medio de servicios subrogados. La segunda es una alternativa educativa cuya base ha sido el trabajo comunitario de los agentes educativos con madres, padres y personas cuidadoras que fungen como primeros responsables de velar por su cuidado, bienestar y educación.
Indicó que las instituciones públicas que imparten este nivel son la SEP, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En comunidades rurales e indígenas está a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI).
Precisó que uno de los desafíos más importantes para alcanzar su universalidad ha sido la parte cultural, pues suele considerarse que en la primera infancia las niñas y los niños solo necesitan atención a sus necesidades básicas.
“En efecto, datos presentados por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) señalan que aproximadamente el 40% de las familias mexicanas manifiesta no tener necesidad de los servicios de educación inicial. Lo anterior se ha reflejado en que la matrícula de este nivel educativo sea la más baja de todo el sistema obligatorio”, mencionó.
Asimismo, reveló que según la Estadística educativa reportada por la Secretaría de Educación Pública en el actual ciclo escolar 2023-2024, existen 225 mil 404 alumnos de este nivel en toda la República Mexicana. Si consideramos que en el país residen 7 millones 872 mil 460 niñas y niños de cero a tres años, podemos ver que se está dando cobertura de atención a solo el 2.8% de la población.
Por otro lado, señaló que de acuerdo con el estudio Pobreza Infantil y Adolescente en México 2020 del CONEVAL, el 54.3% de las niñas y niños en primera infancia se encontraban en situación de pobreza y pobreza extrema; también es el grupo de edad donde más niñas y niños se enfrentan al menos a una carencia social, lo cual podría estar influenciado por la mayor incidencia de las carencias en el acceso a los servicios educativos, de salud y en calidad y espacios de la vivienda. De ahí que las vulnerabilidades de este grupo etario se agudizan cuando al no garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos.
Finalmente, sostuvo que son varios los estudios que demuestran que lo que sucede en la Primera Infancia tiene un impacto a largo plazo en la capacidad de aprender, la salud y las habilidades de las personas para enfrentar adversidades, así como para relacionarse de manera positiva y solidaria con los demás y con su entorno.