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El Congreso de Coahuila votó por unanimidad el punto de acuerdo propuesto por la Comisión de Seguridad para que los 38 ayuntamientos del estado revisen y actualicen sus protocolos de seguridad para evitar tragedias como la ocurrida el 21 de enero pasado cuando una aficionada del Monterrey perdió la vida y cuatro más quedaron gravemente lesionadas ante la embestida de un vehículo.
La votación ocurrió el miércoles por la tarde, y los once diputados coincidieron a favor de este exhorto que pretende “reformas o adicionar de conformidad con sus facultades (...) para garantizar la debida diligencia y el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención y protección civil y con ello, garantizar los derechos humanos de las y los ciudadanos de sus correspondientes demarcaciones”, se lee en el documento oficial del congreso.
La finalidad es que las instituciones del Estado garanticen a la población vivir en paz, y no solo que haya una relación de armonía entre el gobierno, las instituciones y los ciudadanos, sino que esta armonía también ocurra entre los propios habitantes de la entidad.
El concepto de Debida Diligencia se refiere, según el documento presentado por la Comisión de Seguridad, a un proceso que contempla cuatro etapas que son: la evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones y la actuación al respecto, el seguimiento de las respuestas, y por último la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas.
“Para que los pasos antes mencionados puedan cumplir con su propósito, el proceso debe incluir una declaración política en materia de derechos humanos que sea aprobada al más alto nivel jerárquico de la empresa. Además, deben existir mecanismos de reclamo a nivel operacional que permitan la identificación de daños, así como la detonación de procesos de reparación. No vemos ninguno de estos elementos en la actuación de Santos Laguna”, indica el documento fechado el 7 de febrero de 2024.
En el caso específico del partido referido, cuando ocurrió la tragedia a las afueras del estadio de futbol, los congresistas integrantes de la Comisión de Seguridad confirmaron que “se tiene poca información sobre los estándares empresariales en materia de política corporativas de derechos humanos. Por tanto, no es posible saber si estas políticas son aprobadas al más alto nivel dentro de la jerarquía, ni tampoco se sabe qué mecanismos existen para que las filiales implementen las políticas de las matrices”.
Para conseguir que los mecanismos de prevención y vigilancia puedan ser efectivos, se recurrirá a la figura de la Policía Complementaria, una figura constituida en Coahuila en el año 2021 que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública, y está destinada a la seguridad en eventos públicos, conciertos y actividades sociales públicas y privadas. Con esta inclusión se evitaría la confusión respecto a las jurisdicciones de los cuerpos policiacos.
Al momento de votar este exhorto presentado por la Comisión de Seguridad, fue aprobado por todos los diputados de los diferentes partidos políticos.
