or qué no proponer como ministra de la Suprema Corte a una jurista reconocida, respetada, honesta y de izquierda? Cuando un Ejecutivo tiene esa oportunidad, busca generalmente a alguien ideológicamente cercano y con excelente reputación para asegurar que en los temas constitucionalmente más controversiales vote en el sentido de las preferencias del partido que encabeza.
Esa fue más o menos la ruta seguida por Trump al nombrar a sus ministros. No eran sus amigos ni mucho menos sus empleados. Eran juristas cuya oposición al aborto era bien conocida, por lo cual daban certeza de votar en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. No es que a Trump le importara mucho el tema, pero es muy relevante para un segmento mayoritario de sus votantes. Y les cumplió. La Corte ya revirtió la célebre decisión del año 1973, Roe vs. Wade, que hacía constitucional el aborto.
Si el objetivo fuera promover ciertos valores, una jurista de izquierda estaría, por ejemplo, a favor de los derechos de las minorías, de la ampliación de los derechos sociales y de limitar el poder de los militares. Ahí está la cuestión. AMLO defendía esos temas cuando era oposición. Ahora exige sobre todas las cosas lealtad. Votar en contra de la constitucionalidad de una ley propuesta por su gobierno, aunque todo mundo sepa que es inconstitucional, es traicionarlo.
Su objetivo es claro: el control. Se trata de tener otra ministra que sea suya. Por eso ha propuesto a tres subordinadas. Es reveladora la transformación de AMLO, no solo desde cuando estaba en la oposición, sino respecto al arranque de su gobierno. En la primera vacante de la Corte que tuvo, sí optó por un jurista con reputación y prestigio: Juan Luis González Alcántara. No le gustó que fuera autónomo.
Es la misma lógica por la que ha prometido terminar con la actual Corte si gana Morena la mayoría constitucional en el 24. En esta reforma, los ministros son propuestos por el Ejecutivo o por el Legislativo, y después votados por los ciudadanos. Así, el Ejecutivo, con un partido con la mayoría legislativa y disciplinado, controlaría las nominaciones. Un líder popular capaz de dirigir el voto hacia su candidato favorito definiría la contienda.
La renuncia del ministro Zaldívar es inconstitucional. El artículo 98 de la Constitución es claro: "Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves...". Pero no importa la ley ni la legitimidad de los perfiles propuestos para ser ministras, sino imponer, sobre todo por si no se consigue una mayoría constitucional en el 24 para lograr la reforma del Poder Judicial. Mientras hay que ir colonizando la Corte.
La erosión de la separación de poderes ocasionará un enorme costo para todos. Nuestro Poder Judicial ha ido ampliando nuestros derechos. El caso reciente del aborto, ya un derecho para todas las mujeres, es un ejemplo. Sin un Poder Judicial autónomo ya no hay ley. No hay mecanismos de defensa, y cualquiera puede ser encarcelado por razones políticas. El no tener división de poderes terminará siendo un costo incluso para los morenistas, si entran en desgracia con la jefa.
También tendrá costos para el crecimiento económico del país. El reto de una buena conducción de la economía es tener suficiente poder (e ideas correctas en términos de promoción de la inversión y distribución justa de sus beneficios) y límites legales claros para generar certidumbre. En el actual gobierno parecen creer que, dada la fuerza del nearshoring, no importa generar incertidumbre. Al contrario, creen que, si el Ejecutivo es fuerte, él les podrá dar garantías. Están equivocados. Muchas inversiones seguirán llegando, pero muchas otras dejarán de hacerlo. Los modelos de inversión incorporan el riesgo en sus cálculos financieros y exigen a cambio una mayor rentabilidad.
No parece importarles el país. Les importa el control.
@carloselizondom
ÁTICO
Al proponer a tres subordinadas para la Corte el objetivo de AMLO es claro: el control. El costo será enorme.
