Vale la pena recordar el antecedente. La actual administración estatal de Durango comandada por el gobernador, doctor Esteban Villegas Villarreal recibió una tesorería, según sus propios dichos, desfalcada por la desaseada actuación del gobierno de José Rosas Aispuro Torres.
Villegas Villareal declaró emergencia financiera en las arcas estatales a la par que denunciaba públicamente abusos por parte de funcionarios que pertenecieron al equipo gobernante anterior.
Ante ello y la perenne dependencia financiera que tiene la tesorería de Durango con la federación -como todos los estados, aunque en menor medida proporcional algunos de ellos- amén de la paupérrima recaudación propia que tiene la entidad, el mandatario estatal se vio obligado a buscar recursos de donde fuese.
Una de sus primeras acciones fue incrementar el Impuesto Sobre la Nómina (ISN), para llevarlo del 2% al 3%, un incremento del 50%, lo que en el caso lagunero, posicionó al lindero del Nazas perteneciente a la tierra de Pancho Villa en desventaja versus hasta el último día de este mes con Coahuila, que en vez del 3% de ISN, se cobraba el dos por ciento, aunque esa situación desaparecerá en 2024 porque Coahuila se fue también por la tasa del 3%.
Otra acción de gobierno fue políticamente allanarse completamente a los designios de la 4T, fuente casi única de recursos por su tenencia de la Hacienda federal, por lo que ha sido notorio la condescendencia con la que el gobernador, de extracción priista, se ha plegado a todas las indicaciones que ha recibido del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya sea de manera directa o a través de sus funcionarios.
En el mismo tono, en Durango se crearon desde el año pasado lo que se ha denominado como impuestos verdes, que consisten en cobrarle a las industrias un tributo dependiendo de la cantidad de contaminantes que emiten en el medio ambiente. La determinación se había tomado para ser aplicada este 2023, pero la autoridad estatal reculó y aunque era legal cobrarlo, decidió en este ejercicio no cobrarlo, pero dejarlo latente.
Sin embargo, tal parece que para 2024 la intención es hacer el mencionado gravamen efectivo, por lo que ha generado la protesta airada del empresariado duranguense, particularmente el situado en la Comarca Lagunera, donde desde ya se analiza la posibilidad de ampararse en contra de los impuestos ecológicos que el gobierno estatal pretende cobrar a partir del 2024. Se ha dicho incluso mudar sus operaciones a Coahuila, tal como lo declaró Alfonso Montellano Villarreal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Gómez Palacio, quien además abundó en su reclamo diciendo: "Estos impuestos 'no recaudatorios', como lo mencionan ellos, son simplemente una licencia para contaminar, porque al que contamina más, paga más y listo, no hay multas ni sanciones más severas como una clausura", explicó, "las normas oficiales marcan los límites superiores en los que las empresas pueden operar, libres de cualquier pago, cuando se exceden esos límites de las NOM es cuando entran las multas, esos deben ser los únicos cobros permisibles".
Se informó entonces que Canacintra y las industrias del estado mantienen mesas de trabajo con el gobierno estatal en términos de los impuestos ecológicos. Entre los puntos más relevantes que se han abordado, es la revisión efectiva de cada uno de los cuatro variantes y sus tasas impositivas, pues han detectado que están fuera de norma, entonces se centran en normativas que ya no son vigentes, por ejemplo, se tomó una NOM de Semarnat de 2016, cuando la vigente es de 2020.
Si la intención del Estado es aplicar a rajatabla el dichoso impuesto, la Iniciativa Privada pretende que al menos el monto recaudado por esta vía se destine a lo que está diseñado, no para el gasto público ni la nómina, sino para remediar el medio ambiente, por lo que Canacintra ha pedido que se haga un fideicomiso para el resguardo de estos ingresos y que se apliquen en lo que el propio gobierno ha sustentado esta contribución.
La verdad es que la industria gomezpalatina y en general toda la que se encuentre en Durango y caiga dentro de los cuatro supuestos de este "ecológico" recaud, tendrá que apechugar y contribuir, en caso de que no se amparen. Hay que olvidarse de crear un fideicomiso como los del ISN. El erario estatal le urge recursos. Quizá esta no sea la mejor manera y seguramente resultará contraproducente ya que le resta competitividad al estado. Ojalá no sea así.
