2.4 billones. Se dice rápido. Es la astronómica cifra en dólares que se necesita para hacerle frente al cambio climático. Y no una sola vez: es la cifra que habría que gastar año tras año para evitar los peores efectos de los cambios que hemos causado en la atmósfera.
En América Latina, por ejemplo, los impactos del cambio climático se harán sentir al mismo tiempo que la precariedad económica se agudiza.
Ciudades costeras como Guayaquil en Ecuador o Barranquilla en Colombia son muy vulnerables a la subida del nivel del mar y la proliferación de tormentas cada vez más intensas. Bolivia podría perder toda su superficie glaciar en las próximas décadas. El Chaco en Paraguay y Argentina sufrirán sequías que afectarán la producción agrícola y ganadera. México encara el doble impacto de más sequías en el norte y mayores inundaciones en el sur. Veracruz ya sufrió en 2020 una de sus peores inundaciones con más de 800 mil afectados. Hace poco un feroz huracán devastó Acapulco.
Latinoamérica necesita acceder con urgencia a más financiamiento climático para proteger a sus habitantes. Los montos requeridos son espeluznantes. Los estadounidenses tienen un buen modismo para describir la sensación de vértigo que provocan tales números: shock de etiqueta. ("sticker shock"). Inicialmente acuñado para describir las reacciones de los compradores de automóviles al ver los precios exhibidos en las etiquetas que los concesionarios colocan en las ventanas de los autos, el shock de etiqueta capta el impacto que se siente al descubrir que no hay cómo pagar un gasto imprescindible.
El necesario gasto de mitigación de los choques climáticos deberá destinarse a proteger a los países del sur con dinero originado en los países del norte, quienes también han de dedicar fondos a fortificar sus propias defensas contra los efectos del cambio climático.
Obviamente, este es un reto políticamente explosivo. Hasta ahora, los países más ricos han tenido graves dificultades para recaudar 100 mil millones de dólares para financiar las inversiones necesarias en los países menos desarrollados (apenas 4% de la cifra necesaria).
La Conferencia de las Partes (COP) de la ONU, solo actúa cuando se logra un consenso. Esto suena bien, pero en la práctica no conviene. Esta toma de decisiones unánimes permite a cualquier país, grande o pequeño, vetar cualquier iniciativa. Se trata de un mecanismo fundamentalmente inadecuado ante el desafío que se enfrenta. Pero las consecuencias de la inacción serían demasiado terribles para siquiera empezar a contemplarlas. Ya las fronteras de los países desarrollados crujen bajo la presión de los emigrantes climáticos que huyen de condiciones invivibles en sus propios países.
¿Estamos seguros de que los 2.4 son inalcanzables? Es menos de la mitad de los seis mil millones de dólares que el mundo gasta en educación cada año, ni siquiera un tercio de los nueve mil millones que gastamos en servicios de salud. De hecho, está más o menos a la par de los 2.2 billones que el mundo gastó en defensa el año pasado. En los próximos años, el mundo tendrá que reaccionar ante la nueva realidad de que la mitigación y adaptación al cambio climático son tan indispensables como la defensa, la educación y la atención médica. Una vez que comprendamos plenamente que estas son inversiones para las que no tenemos alternativa, superaremos el shock de etiqueta y nos abocaremos al arduo trabajo de recaudar el financiamiento que la humanidad necesita para adaptarse a lo que se nos viene encima.
X: @moisesnaim