Aurelio González Vázquez falleció el 15 de marzo de 1998, pero cuatro años después, el 16 de agosto de 2002, supuestamente celebró un contrato para la venta de sus derechos de agua a un empresario ganadero, mismo que se ratificó ante notario público. Tras varios años en un litigio promovido por su hijo Sabino, recuperaron sus derechos.
Mediante el acta de defunción se acreditó el fallecimiento del titular, por lo que resultaba imposible que haya firmado su derecho de agua. El Tribunal Agrario valoró que no se firmó el documento ni se cumplieron las formalidades que marca el artículo 80 de la ley agraria, que para poder adquirir un derecho se debe ser avecindado y radicar en el ejido, así como notificar a la cónyuge del supuesto enajenante, también se determinó que no era la firma de la persona y se determinó que la cesión no tenía validez jurídica.
La abogada Adriana Gutiérrez de la Rosa, de la Central Campesina Cardenista, se encargó de la recuperación de derechos de las cuentas 11072 y 11078, recibió la sentencia la nieta de Aurelio, el 30 de octubre de 2023.
Se trata del primer caso que se documenta por parte de la comisión de la Verdad de la Contraloría Hídrica Ambiental, que está conformada por investigadores, profesores, ejidatarios, comisariados ejidales y campesinos, quienes presentarán cada uno de los casos irregulares que se han presentado, iniciando con el mencionado, en el ejido Corona, municipio de Matamoros, con el expediente 055/2017.
"Hay un daño patrimonial, el contrato es de 2002 y estamos en 2023, más de 20 años que le robaron el agua, que no le pagaron ni siquiera la renta del derecho, estamos hablando de un daño patrimonial que está cometiendo la Conagua, que tiene que resarcir, es una injusticia", expresó Elizabeth Estrada, vocera de la Contraloría Ciudadana.
Señaló que van más de 600 casos que se ingresaron de septiembre a la fecha y que están documentados. Advirtió que se revisará contrato por contrato y quienes eran los involucrados en Conagua, como en el caso mencionado, que el gerente era Miguel Ángel Jurado Márquez.
"Queremos que esto tenga una consecuencia real ante la Cuarta Transformación", dijo.
Advirtió que quien ha validado todas estas enajenaciones ha sido la dirección de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el caso de los títulos de concesión ha sido la Dirección de Administración del Agua y en los derechos de agua rodada el responsable es el Distrito de Riego 017. Citó otro caso en el ejido Las Huertas, de Gómez Palacio, donde se presenta el acta de defunción del titular en 1989 pero apareció un contrato supuestamente firmado en 2013.
Señaló que esta organización social tiene conocimiento de dos mil casos de despojo en Torreón, Matamoros, Gómez Palacio, Lerdo y Tlahualilo. Refirió que en septiembre se inició un proceso con los ejidatarios, se llegó a un acuerdo nacional en la ciudad de México con gente de Infraestructura Hidroagrícola y Administración del Agua de Conagua, para buscar una recuperación de estos documentos, que incurrieron en irregularidades por presuntas falsificaciones, por la vía administrativa, ya que el 80 por ciento de los contratos se celebraron en 1993, es decir, hace 30 años.
En este sentido, se ha solicitado evitar el viacrucis jurídico y social a la gente, cuando los contratos ya están vencidos.
"Que haya voluntad política, al campo ya le toca", expresó Estrada.
Se trata del primer caso que se documenta por parte de la comisión de la Verdad de la Contraloría Hídrica Ambiental. (EL SIGLO DE TORREÓN)
