La semana pasada, en el proyecto del podcast de Penitencia se lanzó una entrevista que polarizó las redes sociales. En este episodio, se cuenta la historia de Pichardo, quien por primera vez acepta su culpabilidad, junto con su expareja, de haber sido parte del homicidio de su propia hija, Guadalupe, también conocida como "la niña de los calcetines rojos".
Con ello surgen distintos debates en los que podemos adentrarnos. Por un lado, ¿tienen garantías las personas privadas de la libertad al derecho de la libre expresión? Y por el otro, ¿entrevistar a quienes cometen el delito revictimiza a las víctimas?
En México, las personas privadas de la libertad tienen derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la libre expresión, que están respaldados por la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México. Estos derechos se aplican a todas las personas, independientemente de su situación legal.
El Artículo 19 de la Declaración Universal de DH, menciona que: "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
En mi opinión, y el discurso que he compartido durante mis más de 17 años de experiencia recorriendo las cárceles de este país, es que como sociedad, el poder entender el trasfondo y la razón por la cual sucedieron los hechos así como poder entender qué lleva a los individuos a cometer un delito; es lo que nos ayudará a tener mejor comprensión de las problemáticas puntuales, y sin obviar lo obvio, que la verdad nos hará libres; dejar que quienes cometen un delito confiesen los hechos es un proceso fundamental para la construcción de paz.
Dicen que la definición de "pendejo" es aquella persona que repite lo mismo esperando un resultado diferente, ¿cómo podemos aprender de los errores, tanto los que cometemos como sociedad, que marginalizan socialmente, así como de quienes muchas veces por consecuencia de esta marginación y normalización a la violencia cometen delitos?
Solo escuchando, vamos a poder aprender para no repetir.
El caso de Pichardo revolucionó las redes sociales en discursos que muestran el enojo social que hay especialmente de las mujeres quienes todos los días se enfrentan al Sistema de Justicia Penal. No me cabe duda de que la desesperanza y la necesidad de venganza son gritos que dejan ver que el fortalecimiento del Estado de Derecho es la única salida para la construcción del contrato social.
Sigamos escuchando, sigamos teniendo conversaciones incómodas y atreviéndonos a cuestionar razones, sigamos interrogando y buscando respuestas a dolorosas historias que nos marcan como sociedad pero que son parte de una problemática urgente que no podemos invisibilizar.
El caso de Guadalupe representa uno más de los cientos de niños y niñas que mueren a manos de la violencia en este país. Me llevo las críticas para mejorar esta trayectoria de lucha que continuaré haciendo y del relato de Pichardo rescato que estamos llegando demasiado tarde. Reaccionar únicamente ante una muerte, es llegar demasiado tarde.
