"Hace 21 años fui detenido, fui exhibido como un delincuente en los medios de comunicación junto con mi padre, mis hermanos y con primos hermanos cuando fuimos detenidos, arraigados, torturados y exhibidos como delincuentes".
Inicia así Daniel García cuando habla de la reacción primera que le generó enterarse de la sentencia que ayer hizo pública la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Esta sentencia limpia lo que para nosotros es lo más importante, que es nuestro nombre. Nuestros padres nos entregaron dos motivos de herencia, nuestro oficio, nosotros somos panaderos, y nuestro nombre. Yo tenía prohibido entregar ese nombre manchado y la sentencia lo que hace es darme la razón y limpio mi nombre. Con esta sentencia he limpiado mi nombre para entregarlo a mis hijos y a mis nietos; yo con eso me siento satisfecho"
Daniel García y Reyes Alpízar fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos, como lo señaló la CIDH con toda claridad. La privación de su libertad personal les privó además del derecho a ser escuchados y en consecuencia a la presunción de inocencia, a ser tratados con igualdad ante la ley. Además, fueron víctimas de violación del principio de plazo razonable y a la regla de exclusión de la prueba, porque fueron sometidos varias veces a tortura para obtener testimonios forzados de su culpabilidad. Todas estas violaciones sucedieron desde que fueron detenidos, arraigados y encarcelados por la prisión preventiva oficiosa, sin que existiera sentencia alguna.
Daniel considera que la sentencia tendrá consecuencias positivas para la sociedad mexicana y principalmente para quienes como él hoy están encarcelados debido a la figura de prisión preventiva oficiosa.
"Debemos tener la responsabilidad de motivar su cumplimiento, pero por varias razones, no solamente en el sentido personal. El hecho de que exista una lista de delitos en la constitución por los que la prisión es oficiosa para quien supuestamente haya cometido alguno de los delitos, esa lista lo que hace es darle una herramienta el ministerio público de extorsión para que no trabaje y se convierta en un negocio en las barandillas de la policía y del ministerio público. La intención de que se retire la oficiosidad de la prisión preventiva para todos los mexicanos es que haya un control judicial y sea un juez el que resuelva quién deba de estar en prisión preventiva, y no el policía o el ministerio público, sino que el juez -con elementos y con evidencia- establezca si es un riesgo que esa persona siga en libertad y le sea impuesta la prisión preventiva. Esa es la gran posibilidad que tenemos al eliminar esa oficiosidad".
La acción más consistente con la que el gobierno puede reparar el daño que se ocasionó a la vida de Daniel y su familia, además de garantizarle una reparación material, es definitivamente cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
