El Impuesto Ecológico que el Gobierno de Durango creó a partir de este año no solo es inviable, sino imposible de pagar para empresas que explotan distintos minerales. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El Impuesto Ecológico que el Gobierno de Durango creó a partir de este año no solo es inviable, sino imposible de pagar para empresas que explotan distintos minerales e incluso para los organismos operadores de agua y los municipios; integrantes del Clúster Industrial de Minerales No Metálicos y Agregados advirtieron de que están considerando la posibilidad de emigrar a otros estados si el Congreso Local no atiende sus demandas y establece una mesa de diálogo.
Alfredo Villalobos, asesor industrial del clúster que agrupa a unas 24 empresas, la mayoría de esta región dijo que hay una gran preocupación porque la Secretaría de Finanzas ya empezó a enviar notificaciones de cobro de dicho impuesto, que el Congreso del Estado aprobó sin siquiera revisar la iniciativa que recibieron del encargado del Ejecutivo estatal.
Este Impuesto Ecológico considera cuatro áreas susceptibles para su aplicación: la preservación y restauración ecológica en la extracción de materiales; emisión de gases a la atmósfera; emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua e impuesto al depósito y almacenamiento de residuos.
Según el decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, por cada tonelada de dióxido de carbono emitida a la atmósfera se tendrá que pagar 179 pesos, sin que exista un mecanismo para medir dichas emisiones y solamente se basarán en lo que cada empresa declara en la cédula de operación anual ante la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Esto obligará a las empresas que explotan carbonato de calcio, grava, mármol, arcillas y arena a elevar hasta un 25 por ciento los costos totales, repercutiendo en perjuicio del usuario final, y desde luego en el encarecimiento de materiales de construcción.
Hay también un impacto para los municipios del estado de Durango, pues en el tema de las descargas de aguas residuales, por cada metro cúbico que no haya cumplido con la normatividad se tendrían que pagar 140 pesos de dicho impuesto.
"Si el Sideapa de Gómez Palacio genera 19.5 millones de metros cúbicos anuales de descargas, y si tan solo el 10 por ciento de este volumen saliera sin la calidad marcada por NOM tendría que pagar cerca de 274.1 millones de pesos por un solo contaminante, de manera que si son dos o más de dichos contaminantes todo el presupuesto del Municipio se iría únicamente en pagar ese impuesto" dijo.
En el tema de la disposición de residuos sólidos, en Gómez Palacio se recolectan 30 mil toneladas de basura mensualmente, y como el decreto establece el cobro de 140 pesos por cada tonelada, implicaría 4.2 millones de pesos mensuales que tendría que pagar el Gobierno municipal al estatal por este concepto, cantidades que en resumen son imposibles de pagar.
El presidente del clúster, Claudio Estens manifestó que además de las 24 empresas afiliadas hay otras 10 en proceso de integración, las que ya están considerando la posibilidad de irse a estados como Querétaro, si en esta entidad no se logran acuerdos con las autoridades para que reconsideren el cobro de este impuesto.
Para ello, se ha solicitado una mesa de trabajo con la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, la cual no ha dado una respuesta y solamente se ha tenido el contacto con la de Desarrollo Económico que preside Susana Torrecillas, quien tampoco ha dado una resolución favorable.
"No estamos en contra de pagar impuestos, pero sí queremos que reconsideren esas tarifas que ni siquiera los mismos diputados saben en qué se basaron para establecerlas", indicaron.
