Según el registro de AC Consultores, 21 funcionarios de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia han sido asesinados en nuestro país, únicamente en lo que va del presente mes de septiembre. Estos preocupantes escenarios criminales se presentan en 11 estados de la República Mexicana:
• Guerrero encabeza la lista con seis homicidios, incluyendo cuatro policías preventivos y dos funcionarios de fiscalía asesinados.
• Le siguen Baja California con tres casos, que involucraron a dos agentes de policía local y un miembro de la Guardia Nacional.
• Jalisco, Querétaro y Quintana Roo reportan dos homicidios cada uno.
• La Ciudad de México, el Estado de México, Sonora y Zacatecas han registrado un asesinato de un oficial de policía local en cada entidad.
• Por último, Michoacán y Morelos reportan un miembro de la Guardia Nacional asesinado en cada uno de estos estados.
Lamentablemente, en nuestro país se registra el asesinato de un funcionario de seguridad, de procuración de justicia o militar cada día, en promedio. Este sombrío panorama está estrechamente vinculado con la realidad de que, según datos del Inegi, el 75% de la sociedad mexicana percibe que el país enfrenta graves problemas de violencia y seguridad.
Una de las premisas fundamentales que se enseña en los departamentos de bomberos, rescate urbano o marítimo es que, como rescatista, es esencial evitar convertirse en otra víctima. Esto es evidente ya que, además de no lograr el objetivo principal de salvaguardar la integridad de la persona en peligro, podría generarse una tragedia aún mayor. En el ámbito de la seguridad y la administración de justicia, los funcionarios encargados comparten similitudes notables con los rescatistas: ambos se esfuerzan incansablemente en su labor, ya sea para garantizar la seguridad a través de su trabajo policial o para investigar y procurar justicia en casos de actos criminales.
Esta dedicación conlleva un riesgo significativo, a menudo subestimado y poco reconocido, tanto por parte de la sociedad mexicana como de las instituciones a las que pertenecen. Tan solo al comparar con nuestros vecinos del norte, podemos apreciar la gravedad de la incertidumbre que afecta a la integridad de los policías en nuestro país.
La población de Estados Unidos supera la de México por más de doble, alcanzando los 332 millones de habitantes; mientras tanto, en los hogares estadounidenses se cuenta con la asombrosa cifra de 390 millones de armas de fuego, lo que representa la tasa de posesión de armas más alta en el mundo, albergando el 48% del total de armas de fuego en el planeta. Sin embargo, a pesar de estas cifras, se registraron tan solo 64 asesinatos de policías en 2022, un número que representa apenas una quinta parte del promedio de policías asesinados en México.
Existen diversas razones que explican estas notables diferencias, pero en esencia, el combate a la impunidad en casos que atentan contra los funcionarios de seguridad y la solidaridad institucional en todas las fuerzas de seguridad estadounidenses envían mensajes poderosos que brindan seguridad a quienes arriesgan sus vidas para mantener el orden y la seguridad en las comunidades norteamericanas.
Resulta imposible asegurar la seguridad y la justicia en México, o en cualquier parte del mundo, cuando aquellos encargados de proporcionarlas se encuentran sumidos en una profunda incertidumbre respecto a su integridad, sus derechos laborales y la protección institucional en el desempeño de sus funciones.
La presencia de esa certeza es un requisito ineludible y su ausencia, junto con las políticas erróneas que cambian cada seis años, como la actual estrategia de "abrazos y no balazos", constituyen los cimientos de este fortalecimiento del crimen. Este enfoque no solo genera inquietud en la sociedad, sino que también acumula tragedias día tras día, dejando a cientos de familias mexicanas enlutadas y afectadas de manera permanente.
Comprendamos que, si la sociedad no reconoce y respalda a quienes velan por su bienestar, el fracaso de la paz y la justicia se convierte en una certeza.
