Antes que concluya 2023 se pondrá marcha el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (CEFEDIS), según palabras propias del presidente Andrés Manuel López Obrador, para poner "fin" al permanente desabasto de medicamentos que ha caracterizado a su gobierno. Tal viraje está lejano de resolver un problema que fundamentalmente los funcionarios encargados de la compra, distribución y logística de estos bienes han provocado y profundizado por su incompetencia.
En realidad, no se cuenta con más información sobre el funcionamiento de la nave adquirida: el costo del inmueble que se ubica en Huehuetoca, Estado de México, asciende entre 2 y 3.5 mil millones de pesos (mmdp). Nuevamente, se insiste que la empresa paraestatal, Laboratorios de Biológicos y Reactivos (BIRMEX), sea responsable de su gestión (otra vez) sin que se haya dado a conocer sobre las inversiones de instalaciones, tecnología, ni un plan de logística y distribución, así como la estructura del personal operativo. No se ha señalado la fuente de financiamiento de la compra del inmueble ni de los recursos que ocupará para cumplir con el enorme compromiso de acabar con el desabasto. Tampoco hay información sobre cómo hará BIRMEX para contar con los medicamentos y cuáles serán los ahí disponibles que, de acuerdo con el presidente, provendrán de "todo el mundo". Claramente, no es la solución a tan grave problema y es posible que solo profundice con lo que será una de las mayores deudas de su gobierno con grandes repercusiones entre la población que demanda servicios médicos y los medicamentos que se le receten.
Ante esta incertidumbre cabe el siguiente escenario del papel que tendrá la llamada "farmaciota" es que: precisamente los recursos asignados para la compra de medicamentos, según el detalle observado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 25 de noviembre. El presupuesto es, de al menos, con 102 mmdp, es decir, 18% más que en 2023, entre las principales instituciones públicas de salud. El principal factor de crecimiento es el monto asignado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que pasa de 53.17 mmdp en 2023 a 71.11 mmdp. Se trata de casi 18 mmdp adicionales (33% de incremento) que sin duda hacen falta para mejorar la atención a los pacientes, pero que no se comprende cómo se emplearán, pues al menos el crecimiento de sus derechohabientes ni la inflación esperada justifican esta asignación.
Cabe entonces considerar que dicho recurso se ocupe para "llenar" el CEFEDIS de alguna manera (compras consolidas en el mejor de los casos, o compras unilaterales sin comunicar a los proveedores establecidos en el país). A ello, debe sumarse el presupuesto que dispone el nuevo Organismo Público Descentralizado, IMSS-Bienestar (IMSS-B), que se estrena en el presupuesto federal con 128 mmdp (ramo 47), de los cuales, 85.8 mmdp se deberán orientar a la "atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social", y que, según estimaciones propias, entre 30 mmdp a 40 mmdp podrían destinarse para la compra de medicamentos y dispositivos médicos entre los servicios estatales de salud, donde al menos 23 estados han firmado en los últimos meses con el IMSS-B los convenios de adhesión para trasladar a este último, sus instalaciones, equipamiento y personal médico y no médico de los distintos niveles de atención de sus unidades médicas por los próximos 30 años.
El monto estimado debería agregarse a los 102 mmdp, dado que no se presenta el detalle del gasto esperado para estas compras públicas entre las entidades federativas por parte del nuevo OPD, que finalmente federaliza los recursos y los ocupará de manera discrecional.
