Deuda sin inversión

La deuda pública, bien utilizada, puede ser un instrumento adecuado para ayudar al desarrollo de un país. Cuando se emplea mal, puede llevar a crisis económicas como ha ocurrido en tantos países, entre ellos el nuestro. Una deuda pública exagerada fue la causa de las crisis económicas de 1976 y 1982, que produjeron la llamada década perdida en México.

“Una y otra vez países, bancos, individuos y empresas toman demasiada deuda en buenos tiempos sin suficiente conciencia de los riesgos que vendrán cuando llegue la inevitable recesión”, han escrito los economistas Carmen M. Reinhart y Kenner Rogoff en su libro This Time is Different (Esta vez es diferente). La lección nunca se aprende. El endeudamiento se convierte una y otra vez en una trampa. Los políticos mexicanos, que en un momento se entusiasmaron al contratar deuda pública, protestaron años después cuando esta provocó las crisis y exigieron que los banqueros o las instituciones financieras internacionales les otorgaran quitas o cancelaran esas grandes cantidades que ellos mismos habían pedido prestadas.

Para que la deuda sea beneficiosa para una familia, una empresa o un país debe utilizarse para la inversión productiva. La misma Constitución mexicana lo reconoce. En su artículo 73 establece que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos…”. Pero el presidente López Obrador tiene la filosofía de que “no me salgan con el cuento de que la ley es la ley” y ha decidido endeudarse para aumentar el gasto corriente, particularmente de sus programas sociales, y no la inversión productiva.

A pesar de programar un aumento de la deuda de 1.9 billones de pesos en 2024, el mayor en la historia, la inversión pública tendrá un descenso de 11.1 por ciento. Lo peor es que la inversión que se está haciendo está diseñada no para producir un incremento en los ingresos públicos, como ordena la Constitución, sino para generar más gasto corriente en el futuro. El propio presidente lo ha reconocido en el caso del Tren Maya, diciendo que “no es una obra que tiene por objetivo la ganancia o el lucro, es una obra pública en beneficio del pueblo”. Efectivamente, no solo no tendrá una utilidad, sino que se convertirá en un elefante blanco con pérdidas enormes, especialmente desde que los costos de construcción se dispararon de 120 mil millones de pesos, como se previó en un principio, a casi 500 mil millones.

En el caso de la refinería de Dos Bocas, la situación es similar. Primero se prometió construirla por seis mil millones de dólares, luego el presupuesto original se elevó a ocho mil millones de dólares. Se inauguró en 2022, sin que funcionara, y el costo total se acerca ya a los 20 mil millones de dólares, que es lo que las empresas privadas a las que se les propuso el proyecto original previeron que habría que invertir y que López Obrador consideró inaceptable. El problema es que, con este costo, la refinería está condenada a perder dinero.

Las mejores empresas privadas del mundo recurren constantemente al crédito para crecer, pero no para cubrir su gasto corriente o sus pensiones, sino para invertir en proyectos productivos. La deuda en sí no es mala. El problema es endeudar a un país para financiar su gasto corriente o, peor, para pagar proyectos de inversión que generarán pérdidas y más deuda. Esto lo está haciendo el actual gobierno de la república, como lo hicieron Luis Echeverría y José López Portillo entre 1970 y 1982.