Los diferendos territoriales que prevalecen en América Latina son añejos y complejos. Los hay entre países latinoamericanos y caribeños, también con Estados Unidos y el Reino Unido. Está la ocupación estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba, desde hace 120 años y la infame base militar que nuestro socio comercial y vecino del norte ahí mantiene. Están las delimitaciones marítimas irresueltas en el Golfo de Fonseca entre El Salvador, Honduras y Nicaragua. Asimismo, la larga disputa marítima entre Nicaragua y Colombia por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sobre la cual la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acaba de fallar en julio, rechazando la reclamación nicaragüense que buscaba extender su plataforma continental, en una zona con grandes recursos pesqueros.
Por supuesto, es más conocida la larga y tenaz reclamación de Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, que en 1982 condujo a una guerra con Gran Bretaña, tras aquella fatídica aventura de la dictadura militar argentina con la que intentó recuperarlas. Algunos diferendos territoriales se remontan a épocas lejanas cuando se delimitaron las fronteras con las potencias coloniales, tras los procesos de independencia; otros llevan décadas en estado latente, unos han sido reactivados recientemente por motivos políticos, teniendo generalmente un trasfondo geopolítico o geoeconómico. Los diferendos territoriales no suelen resolverse oportunamente, sobre todo cuando está de por medio el valor estratégico de las zonas limítrofes en disputa, o si hay acciones y ambiciones concretas sobre los recursos existentes en los territorios reclamados.
Asimismo, está el persistente diferendo sobre la delimitación fronteriza entre Guatemala y Belice, si, en nuestra frontera sur. Una misión de mediación y buenos oficios de la OEA, solicitada por Guatemala opera sobre el terreno. El gobierno de México debe seguir con suma atención el diferendo, así como apoyar y acompañar la situación en Guatemala. Una serie de asechanzas postelectorales y un pertinaz asedio judicial pueden desembocar en la ruptura del orden constitucional, de impedirse la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo, evitando el inicio de un nuevo gobierno el próximo 14 de enero. Los conflictos limítrofes no se activan de la nada ni se dan en el vacío.
Estas consideraciones quizás permitan entender mejor las tensiones provocadas por Venezuela en torno al diferendo centenario por el Esequibo. El gobierno de Nicolás Maduro emprendió una ofensiva mediática interna y externa -con fines distractores- a favor de la anexión, para inflamar los ánimos nacionalistas y buscar cohesión en torno a su gobierno. Busca así retomar la internacionalización de la crisis cuando las sanciones estadounidenses han sido levantadas. Por ende, sostiene que el Esequibo, esa enorme región de 160 mil km2, selvática y montañosa, escasamente comunicada, -dos terceras partes de la extensión territorial de Guyana- forma parte del territorio venezolano desde 1777, cuando era colonia de España. El reactivar este conflicto territorial precisamente ahora se explica también como un parapeto ante las elecciones generales del próximo año. De ahí la apelación al acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, meses antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, el que privilegia como base fundamental para encontrar una solución negociada y único instrumento jurídico válido entre las partes, argumentando la consecuente anulación del laudo de 1899, en el que descansa precisamente la larga posesión territorial de Guyana y su defensa.
Un fallo sobre este diferendo continúa pendiente en la CIJ. Sus fallos tienen efectos vinculantes y crean obligaciones jurídicas internacionales. Venezuela desconoce la jurisdicción de la Corte e insiste en negociaciones bilaterales. Los objetivos que persigue Caracas al asediar a Georgetown posiblemente sean alcanzar "fórmulas de cooperación" en materia petrolera y gasera.
Los acontecimientos se precipitaron luego de que Venezuela realizara un referendo unilateral, con escasa participación, a pesar de la opinión contraria de la Corte, agravando la presente disputa. El plebiscito sirvió para anunciar la creación de un inexistente "estado venezolano de la Guyana Esequiba", desplazar tropas venezolanas a la frontera común y reforzar sus capacidades militares y aéreas; así como para adoptar una serie de medidas administrativas y decisiones políticas con claros fines de anexión, como el establecimiento de autoridades "provisionales", la reconfiguración del mapa oficial de Venezuela y el otorgamiento de autorizaciones y licencias para que la empresa petrolera estatal avance y participe en trabajos de explotación petrolera, gasera y minera, en los territorios y aguas disputadas. Los reclamos de Venezuela se reactivaron luego del descubrimiento en 2015 de enormes reservas de petróleo y gas en aguas guyanesas. Comenzaron sobre todo después de que el gobierno de Guyana otorgara concesiones principalmente a ExxonMobil, el gigante petrolero estadounidense. Guayana registra un notorio crecimiento económico.
La controversia se mantuvo en un plano ascendente hasta la reunión de la semana pasada en la que los presidentes de Venezuela y Guyana se sentaron a dialogar a instancias de la CELAC, la CARICOM y la ONU. Los objetivos de evitar la amenaza y el uso de la fuerza, mantener los canales de comunicación abiertos se alcanzaron mediante un comunicado estableciendo una comisión conjunta. El nivel de tensión había escalado al conocerse los ejercicios militares aéreos conjuntos entre Estados Unidos y Guyana. Brasil había puesto en alerta a sus fuerzas armadas y desplegado todas sus capacidades diplomáticas, movilizando a los miembros de MERCOSUR, a Chile, Colombia, Ecuador y Perú con el fin de evitar un conflicto armado en Sudamérica. Con todo y los amagos de Maduro, no habrá otra guerra.
@JAlvarezFuentes
