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A la ciudadania

Decisiones difíciles, pero necesarias

GERARDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ

La prohibición del uso del glifosato en la agricultura y los espacios verdes urbanos, así como la importación de alimentos transgénicos y su producción nacional sin regulación efectiva, son dos decisiones que tomo el gobierno federal con trascendencia importante para la economía y la salud de los mexicanos, mismas que han generado polémica, particularmente nos preocupa la postura de los agricultores que utilizan dicho fungicida en sus cultivos y de los empresarios que importan granos transgénicos para la alimentación del ganado y para quienes los requieren como insumos en las cadenas agroindustriales.

El glifosato es un agroquímico utilizado desde hace casi cinco décadas en la agricultura para controlar las llamadas convencionalmente malezas o malas hierbas que crecen en los predios y el entorno donde se siembran cultivos comerciales, preferido por los agricultores por la efectividad que tiene sobre ellas. Este fungicida, como la mayor parte de los agroquímicos, forma parte de los paquetes tecnológicos utilizados en la agricultura comercial mexicana.

Sin embargo, desde fines del siglo pasado diversas investigaciones científico-técnicas han dado resultados preocupantes sobre el impacto que han tenido estos productos en el suelo, el aire, la biodiversidad y el agua, así como en la salud humana. Ciertamente, los grandes corporativos y empresas proveedoras de estos insumos agrícolas han realizado sus propios estudios o buscado la colaboración de investigadores universitarios para contrarrestar los argumentos de los primeros, con la finalidad de que no se les prohíba seguir comercializándolos.

En el caso del glifosato, algunos estudios han determinado que provoca daños en la salud humana, su impacto va más allá del que tiene para controlar malezas, ya que se han observado afectaciones neurológicas, reproductivas y, como lo señaló hace algunos años la Organización Mundial de la Salud, es potencialmente cancerígeno. Si el uso de estos productos aumenta la exposición de la población a sufrir daños a la salud, los gobiernos están obligados a aplicar regulaciones que limiten o restrinjan su uso en tanto no se demuestre lo contrario, de ahí que después de tantos años en que el gobierno federal ha sido omiso a estos impactos, la decisión tomada por el actual es acertada.

Esta, no supone la prohibición inmediata de este agroquímico tóxico, estableció una prorroga hasta 2024, tiempo en el que, si bien no pareciera suficiente para sustituirlo por otros insumos de menor impacto, esperaríamos ver en las empresas que lo producen y comercializan, o entre las que los usan, compartir la preocupación por los impactos que provocan al usarlos en sus procesos productivos y ver conjuntamente con el gobierno las opciones para sustituirlos por otros más amigables con el ambiente. Son insumos que acentúan la ya grave contaminación que sufrimos y que pone en duda si los alimentos que consumimos son verdaderamente sanos, como lo indica la publicidad de la empresas que nos los venden.

En La Laguna, investigadores locales han realizado estudios sobre el grado de contaminación de los suelos agrícolas por el uso intensivo de agroquímicos para controlar plagas, enfermedades y malezas en los cultivos, cuyos resultados no son halagadores, sino preocupantes. De hecho, en nuestra región se ha identificado en la presencia de arsénico y flúor en el agua del subsuelo, el plomo en el aire y las sustancias tóxicas residuales de los agroquímicos aplicados en la agricultura regional, como las principales causas de la contaminación que sufrimos los laguneros, algo que los próximos años podrá demostrarse si los estudios en curso así lo llegan a indicar.

Los transgénicos son otro de los temas polémicos. Desde el inicio de la domesticación de plantas y animales para consumo humano se ha modificado su genética, sin embargo, el grado y la forma de manipulación que se ha realizado de los genes en la actualidad también preocupa. Si bien los estudios sobre los impactos que tienen los transgénicos parecen no ser suficientes para determinar las afectaciones en la salud y vida de las personas (requieren de mayor tiempo para valorarlos, no así en la biodiversidad de los sitios aledaños a los predios donde se establecen cultivos genéticamente modificados), los resultados obtenidos en estudios sobre esta cuestión indican un riesgo de exposición de las personas que consumen este tipo de alimentos.

En ambos casos no se trata de una cuestión ideológica como la presumen los políticos y empresarios que se oponen a dichas medidas, ni tampoco se deben anteponer los intereses económicos de quienes los usan en sus procesos productivos bajo el supuesto de que afectarán la rentabilidad de los mismos. Escuchar sus reclamos nos preocupa porque priorizan sus definiciones ideológicas o políticas, o sus intereses económicos particulares, sobre la salud de las personas y el ambiente, lo que esperaríamos es compartir esta preocupación entre productores y consumidores, por ello es bueno que se regule para propiciar los cambios necesarios en los procesos productivos en que se usan.

Esperaríamos de ellos una postura más reflexiva y no beligerante, porque pareciera que sus intereses particulares son más importantes que los intereses colectivos de quienes se exponen a sufrir daños en su salud y vida. Es válido cuestionar que la economía funcione en forma contradictoria con el ambiente, ya es tiempo de que pensemos y actuemos para defender un derecho fundamental de todos los mexicanos, el derecho a un ambiente sano, sin que por ello se piense que nos oponemos a que la producción de bienes funcione con rentabilidad económica, pero debe hacerlo también bajo condiciones de la protección y conservación del ambiente, ambos componentes son condiciones que nos permitirán avanzar hacia la sostenibilidad del desarrollo.

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