Otro naufragio en el Mediterráneo en aguas internacionales de Grecia la semana pasada, donde perecieron cerca de 750 personas, retrata la tragedia en la que se encuentran atrapados millones de migrantes en el mundo. La incapacidad e irresponsabilidad frecuentes de los gobiernos para modificar y coordinar sus políticas migratorias ha desembocado en una de las más graves crisis de nuestro tiempo. La desastrosa gestión de las fronteras y el manejo cruel e inhumano -en aras de la seguridad- de quienes están obligados a proteger los derechos de las personas migrantes, han convertido la migración internacional es una cadena pavorosa de violaciones de derechos, que marca ominosamente el cambio de época que vivimos.
Los esfuerzos de las instituciones gubernamentales, de las organizaciones civiles nacionales e internacionales para proteger la vida y la libertad de hombres, mujeres y niños que, desesperados, no encuentran ninguna otra salida sino arriesgar la vida y la libertad, en su intento por alcanzarlas, están probando ser insuficientes. La trata de personas, la explotación transfronteriza de millones de víctimas provenientes de países de África, Asia, Medio Oriente, Centroamérica y el Caribe, América del Sur, los Balcanes, sobre todo ahora de Venezuela, Ucrania y Sudán, se ha convertido en una actividad delictiva diversificada, muy lucrativa para los contrabandistas y traficantes de personas, pero también, en una importantísima actividad complementaria de grupos criminales organizados, con operaciones transnacionales.
Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en mayo se alcanzó la cifra récord de 110 millones de personas en situación de desplazamiento forzado, dentro o fuera de sus países. Estas personas migrantes y desplazadas, que buscan refugio, enfrentan un entorno cada vez más hostil, con medidas administrativas y normas que hacen más difícil y costoso llegar a Estados Unidos, a Europa, México, Turquía, Colombia y a otros países, sean de tránsito o de destino. Van en aumento los cuellos de botella, las barreras y obstáculos en las fronteras. El ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones han señalado, explícitamente, que el llamado título 8 de la legislación migratoria estadounidense viola el derecho internacional de los refugiados y solicitantes de asilo.
La Unión Europea continúa batallado para alcanzar y concretar, a la brevedad, un acuerdo entre sus 27 miembros, cuyo objetivo es poner en ejecución el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, que permita establecer cuotas de desplazados y refugiados que cada país deberá recibir y atender, y que en caso de que se niegue a permitirles el ingreso a su territorio, contraería la obligación de aportar recursos financieros suficientes para cumplir con su parte de la ayuda, cuya carga debe distribuirse entre todos. Urge poner fin al deslinde de responsabilidades en torno a las zonas de control, búsqueda y rescate marítimo proactivo en el Mediterráneo, entre las autoridades de Italia, Grecia, España, Malta. También revisar la operatividad selectiva, mandato y alcance de funciones de FRONTEX, la agencia europea de control de fronteras.
Cada día es más evidente que los desafíos de la migración internacional no pueden ser resueltos sólo por un país o grupo de países. Es necesario y urgente realizar un esfuerzo conjunto, concertado, para adoptar nuevas políticas migratorias, en las que los migrantes puedan conocer con antelación los requisitos y trámites antes de su desplazamiento y llegada a los puertos, el acceso a procedimientos claros de entrada, con miras a solicitar y obtener refugio y asilo justos y eficaces. Todo ello sin necesariamente prejuzgar sobre la nacionalidad de los solicitantes, estableciéndose pasos y estancias seguras, lejos de la violencia que ahora los asedia, y que incluya, por supuesto, medidas para facilitar y ampliar el acceso a programas de reasentamiento, de reunificación familiar, de patrocinio humanitario y de movilidad laboral, respaldando y apoyando las comunidades de acogida de los migrantes.
La solución radica precisamente en reforzar la protección de los migrantes como lo demandan las leyes y tratados internacionales, lo que implica adoptar medidas urgentes y decisivas, con recursos y capacidades suficientes, estableciendo procesos consistentes y de largo plazo, de aceptación, regularización e inclusión laboral y social de los migrantes. No en privilegiar la aplicación de tareas de control, contención, detención, concentración, expulsión y deportación. En México se ha militarizado la institución responsable, privilegiándose el despliegue de fuerzas de seguridad. Por supuesto, la solución exige también combatir frontalmente las operaciones internacionales de las organizaciones criminales y desactivar las redes de trata de personas, mediante una amplia colaboración entre países y organismos como Interpol.
La próxima entrada en funcionamiento de centros de atención para migrantes en Guatemala, Costa Rica y Colombia, anunciada por las autoridades estadounidenses, debe contribuir a abrir las vías legales para conseguir el procesamiento oportuno de los solicitantes de estancia, refugio y asilo sustentadas en razones humanitarias, laborales y familiares. Todo ello debiera quitar presión en la bomba de tiempo en que se han convertido las ciudades fronterizas de México, al norte y al sur.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967, el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular adoptado en 2019 son el marco legal internacional y la hoja de ruta. No esperemos a que haya otra desgracia, quizás en el Canal de la Mancha, que 45 mil migrantes usaron en 2022 para arribar a la Gran Bretaña. No rememoremos las tragedias de El Paso y Ciudad Juárez cuando pudieron evitarse. Actuemos. Todos somos migrantes.
@JAlvarezFuentes
