"No es tiranía lo que deseamos sino un gobierno justo, limitado y federal".
Alexander Hamilton
Durante años la izquierda en nuestro país exigió reformas para crear contrapesos a los poderes excesivos del presidente. Todo poder, decían, debe tener limitaciones, como las que existen en los países democráticos, donde el gobernante no puede simplemente ordenar lo que se le antoje. Hoy López Obrador, el presidente más conservador de las últimas décadas, quiere regresarnos a los tiempos en que el ejecutivo tenía un poder sin contrapesos.
"Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos", dijo ayer López Obrador. "Esta es otra iniciativa de ley que quiero enviar, ¿cómo desmontar todo ese aparato que crearon, paralelo al gobierno, para tener el control de todas las decisiones del poder público?... Que el instituto de la transparencia, que el instituto de comunicaciones, que el instituto de la competencia, que la CRE, que no sé cuánto. Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías".
Solo un presidente que afirma ser el único representante del pueblo puede decir que los organismos autónomos no sirven al pueblo. En realidad, estos organismos han permitido construir una democracia real y una economía de mercado, aunque todavía no maduras. AMLO, sin embargo, quiere regresar a los tiempos del viejo PRI, cuando el presidente ordenaba cualquier cosa y todo el aparato del Estado tenía que obedecer.
En todos los países democráticos el poder del gobernante lo acotan las instituciones autónomas. Las primeras, y las más importantes, son un máximo tribunal y un poder judicial independientes. Las fiscalías también deben ser autónomas. Organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal de Acceso a la Información, la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Reguladora de Energía y otras más permitieron limitar los poderes de la presidencia imperial y abrir las puertas a un país democrático con equilibrios de poder.
López Obrador no lo quiere. Está convencido de que la función de toda la administración pública debe ser obedecer sus órdenes. Para combatir la autonomía de estos organismos ha optado, en primer lugar, por nombrar a incondicionales como integrantes. Ahora lo está tratando de hacer en la Suprema Corte con sus nominadas para el cargo de ministra. Pero al parecer este proceso gradual ya lo ha cansado. Ahora quiere simplemente acabar con todos los organismos autónomos para concentrar el poder en sus manos, como en esa vieja presidencia imperial que recuerda con tanta nostalgia.
Todos los organismos autónomos, sin embargo, están fincados en la Constitución. Hasta ahora el presidente no tiene una mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso para enmendarla a voluntad. Está buscando esa mayoría en las elecciones de 2024, pero no está claro que los ciudadanos le vayan a extender un cheque en blanco.
Como hemos presenciado muchas veces, no obstante, López Obrador no se detiene en sus propósitos por el hecho de que sus iniciativas sean inconstitucionales. Lo vimos en la reforma electoral que buscaba favorecer a los partidos que lo apoyan. Seguramente atestiguaremos otras iniciativas para acabar con los organismos autónomos, aunque no pueda alcanzar los votos de una reforma constitucional y sus propuestas sean inconstitucionales. A un presidente que quiere regresar al poder absoluto no se le puede salir con el argumento de que "la ley es la ley".
TARIFAS AICM
El aeropuerto de la Ciudad de México ha anunciado que el año que viene subirá sus tarifas un promedio de 77 por ciento. El aeropuerto siempre fue rentable, pero el presidente destruyó su modelo de negocio al cancelar el NAIM y hacerle pagar el costo. Ahora quiere que los pasajeros paguen el quebranto o que empiecen a utilizar el AIFA, que el gobierno subsidia abiertamente.
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