A la par que el tráfico del fentanilo, la migración se ha convertido en un conflicto monstruoso en México y en los países de la región sin que exista hasta el momento un plan estructurado y viable para solucionarlo.
En los últimos meses el arribo de migrantes del sur de México, en especial de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Cuba y Colombia, ha llegado a niveles muy pocas veces visto.
De acuerdo al reporte del año fiscal 2023 que apenas finalizó esta semana, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de dos millones de migrantes en los últimos doce meses, se trata de la segunda ocasión en la historia que se supera ese umbral, según estadísticas del Departamento de Seguridad Interna.
Si asumimos que miles de indocumentados que llegan a México no cruzan al vecino país por razones económicas o de salud y que miles más logran evadir la vigilancia de los agentes fronterizos, podríamos calcular que el flujo de migrantes a México fue cercano a los tres millones en el último año.
Los problemas en las ciudades fronterizas de México y en la ruta de migración que corre desde la frontera de Guatemala con Chiapas hasta la frontera norte se multiplican día con día ante la incapacidad de las autoridades por controlar el paso diario de miles y miles de migrantes que con todo y familia atraviesan nuestro país.
Quizás por ello el presidente López Obrador convocó la semana pasada de manera sorpresiva a una cumbre regional de diez países para analizar la situación migratoria y encontrar soluciones conjuntas a este gravísimo problema.
AMLO dijo que invitó a los cancilleres de diez países de América Latina para reunirse en fecha próxima en México, no especificó el nombres de las naciones pero es fácil suponer que serán las mayores expulsoras de migrantes, entre ellas Cuba, Venezuela, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, Ecuador y quizás Brasil.
Con una visión más de auxilio que de confrontación, López Obrador dijo que hay mucha migración y que "tenemos que unirnos a analizar las causas y cómo ayudar para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos".
Los orígenes de la migración son por demás complejos, pero es muy cierto que los primeros responsables de brindar trabajo, salud y seguridad a los migrantes son sus propios países.
Lamentablemente no ha sucedido así en los últimos tiempos y menos en los países con gobiernos totalitarios como Venezuela, Cuba y Nicaragua donde parece que promueven la expulsión de sus connacionales hacia Estados Unidos para evadir más problemas internos.
La otra realidad es que México es paso obligado para los migrantes, en tiempos de Donald Trump el gobierno mexicano fue presionado a cerrar su frontera sur lo que redujo drásticamente el cruce de personas, no obstante con el gobierno de Biden se debilitó la vigilancia y por ello se dispararon los flujos migratorios.
Pero tanto Biden como AMLO sienten ahora en sus manos una brasa ardiendo de ahí que han comenzado a actuar.
Esta cumbre de cancilleres seguramente servirá para tomar acuerdos concretos y de largo plazo para controlar a las corrientes migratorias. En una segunda etapa tendrán que participar también Estados Unidos y Canadá, destino final de los indocumentados.
Una vez ordenado el flujo migratorio habrá que esperar que los norteamericanos y los canadienses amplíen el ingreso de migrantes y con ello aprovechar la mano de obra latinoamericana que tanto necesitan en labores agrícolas, turísticas y de construcción.
Por lo pronto estados como Texas y California están en jaque ante el alud migratorio al grado que ciudades como San Diego declararon una crisis humanitaria y solicitaron recursos federales para poder atender a los cientos de migrantes.
Esperemos que López Obrador entienda su misión histórica para buscar una solución al conflicto y no quiera aprovechar este momento con fines políticos.
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¿Cómo está eso de que el presidente en turno quiere delegar decisiones claves a la virtual candidata presidencial de Morena por el hecho de haberle entregado el bastón de mando de la 4T? El gobierno de López Obrador concluye el 30 de septiembre del 2024 por lo que sería inconstitucional dejar en otras manos el poder presidencial.
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