AMLO y la Corte
El presidente López Obrador quiere controlar a la Suprema Corte y al poder judicial. No sorprende. Llegó a la Presidencia con una fuerza enorme y con una mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso. En un principio, sin embargo, fue relativamente comedido. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, el entonces coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, negociaba con los legisladores de oposición y llegaba a acuerdos con ellos.
En su segundo trienio, el presidente se ha vuelto imperioso e imperial. Ha empezado a imponer políticas cada vez más irracionales y autoritarias. Buscó impulsar enmiendas constitucionales para debilitar al Instituto Nacional Electoral y beneficiar a Morena y a sus aliados. Como no fueron aprobadas en el Congreso, lanzó un “plan B” que constituía, fundamentalmente, en una serie de leyes inconstitucionales para favorecer a los partidos de gobierno. Sus propios legisladores, como Ricardo Monreal, doctor en derecho, le señalaron que esas iniciativas eran inconstitucionales, pero poco le importó. Ordenó, de hecho, a su bancada que violara los procedimientos parlamentarios y las aprobara con dispensa de trámites y sin permitir a los legisladores el tiempo para siquiera leer los documentos. La Suprema Corte no tenía más opción que invalidarlas. Pero es lo que quería el presidente para lanzar una ofensiva contra la Corte y el poder judicial.
López Obrador ha declarado a la Corte el enemigo público número 1 y ha lanzado una campaña de linchamiento contra los ministros y en particular la ministra presidenta Norma Piña. Su filosofía ante los fallos de jueces, magistrados y ministros ha quedado plasmada en una frase que hiela la inteligencia y el alma: “Y que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. Sin embargo, un juzgador que ha protestado defender la Constitución y las leyes que de ella emanen no tiene más opción que juzgar de conformidad con la ley.
El presidente exige que se lleve a cabo una reforma judicial, a pesar de que el expresidente de la Corte, su aliado Arturo Zaldívar, hizo una apenas en 2021, la cual dijo que había resuelto los problemas de los tribunales. Plantea que México debe tener un sistema como el recientemente adoptado por Bolivia, en que los jueces son electos por voto popular; pero este sistema no ha ayudado a ese país a resolver sus problemas de la impartición de justicia. En realidad, el objetivo de López Obrador es aprovechar la reforma para destituir a los actuales ministros y reemplazarlos con otros más afines a él.
Mucho daño le haría a México regresar a los tiempos de la presidencia imperial en que el mandatario manejaba el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esta “dictadura perfecta”, como la llamó Mario Vargas Llosa en 1990, no solo tuvo malas consecuencias económicas, sino que sofocaba a una democracia que luchaba por emerger.
México ha vivido ya en una democracia desde 1997, cuando por primera vez el PRI, el partido hegemónico de entonces, perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. En el 2000 vivimos la primera alternancia en la Presidencia. Las principales razones de esta transformación fueron los contrapesos al poder presidencial. El surgimiento de un Instituto Federal Electoral autónomo fue crucial, pero también el hecho de que la Suprema Corte logró su autonomía con la reforma judicial de Ernesto Zedillo de diciembre de 1994. Todos estos logros están siendo amenazados hoy por un presidente que no solo es imperioso, sino que insiste en recuperar el poder absoluto que tuvo la presidencia imperial.
