Acta general de Chile, o el derecho a la memoria
Hace medio siglo, un golpe de Estado derrocó al gobierno de Salvador Allende en Chile. Por los siguientes diecisiete años, el país sureño fue gobernado por una junta militar encabezada por Augusto Pinochet. En el ámbito internacional comenzó a hablarse de un enorme aparato de inteligencia y represión destinado a eliminar cualquier oposición al régimen: agentes encubiertos, informantes, recintos secretos destinados a detención y tortura de opositores. Tal como consigna Julio Scherer en El perdón imposible (FCE, 2005), hacia 1990 se consideraba que el 12 por ciento de la población mayor de quince años había sufrido tortura. Eso significa cientos de miles de personas, muchas de ellas con secuelas físicas graves. Hubo cientos de desaparecidos.
En abril de 1990, en los albores del primer gobierno democrático posterior a la dictadura, el presidente Patricio Aylwin creó una Comisión Nacional para la Verdad y la Reconciliación, conocida como Comisión Rettig. El decreto 355 daba a dicha comisión nueve meses para establecer lo ocurrido en relación a la tortura y desaparición de civiles, y se instaba a las autoridades de todos los niveles a “prestar a la Comisión toda la colaboración que ella les solicite”.
Pero establecer la verdad no iba a ser sencillo por dos razones: el decreto limitaba la investigación a los casos en que los torturados hubiesen fallecido y, salvo en casos extremos, se tenía prohibido revelar los nombres de torturadores y asesinos.
En el terreno de la acción hubo aún más obstáculos. Cuando los miembros de la comisión solicitaron a las fuerzas armadas datos sobre su participación en los “servicios de seguridad”, los militares respondieron que “se encontraban legalmente impedidos de aportar información que se refiriera a labores de inteligencia”. Peor aún: según consigna Scherer, la versión oficial del ejército, la armada, la fuerza aérea, las policías y el cuerpo de carabineros era que “los archivos habían sido legalmente incinerados”.
Que los expedientes y archivos hubiesen desaparecido no significaba que no quedara rastro del horror. El siguiente paso fue buscar los espacios donde habían operado los centros de detención clandestina. Se detectaron sitios dantescos. Uno de ellos era apodado “La Venda Sexy”, pues los detenidos permanecían con la vista vendada mientras eran sometidos a vejaciones sexuales por los guardias e incluso por perros adiestrados. Acaso el más documentado de estos lugares se conoce como Villa Grimaldi, una propiedad ubicada a las afueras de Santiago. Alrededor de cinco mil personas fueron detenidas en ese centro clandestino. Por pensar y opinar distinto, miles de mujeres y hombres fueron recluidos en grupos de dos en dos, en celdas de 70x70 centímetros, en permanente oscuridad. Allí se les sometía a descargas eléctricas, se les quemaba con agua hirviente, se les colgaba durante horas de una barra.
Al margen de los hallazgos de la Comisión Rettig, existen testimonios que nos recuerdan los horrores en que puede derivar la intolerancia política. Acaso uno de los más estrujantes es el documental Acta General de Chile, de Miguel Littin, director de cine exiliado a quien la junta militar le prohibió el retorno a su país.
En 1985, Littin entró a Chile disfrazado de empresario con pasaporte uruguayo y, arriesgando la vida, grabó una película que exhibe la situación real del país: desempleo, violación de los derechos humanos, mordaza a la libertad de expresión, corrupción oficial… Littin entrevistó incluso a extorturadores que cuentan ante la cámara, sombríos, las atrocidades que perpetraron contra civiles. Acta General de Chile fue estrenada cuando Pinochet aún gobernaba. Es importante recordarlo porque tras la apariencia de fortaleza que deseaba trasmitir la dictadura, el documental nos muestra un régimen cada vez más débil, tambaleante y moribundo, en el que ni siquiera los generales más jóvenes estaban de acuerdo con su comandante supremo.
