Como la mayoría de los temas que se discuten en San Lázaro, y a pesar de que los diputados que integran está y las anteriores legislaturas pertenecen a distritos que representan lo ancho y largo del territorio nacional, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y la prolongación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad Pública, se ha politizado tanto, que los propios efectos de la violencia parecen limitarse a la Ciudad de México y sus regiones cercanas.
La reflexión es clara ¿Cuántos de los diputados y senadores que se oponen a la propuesta, pertenecientes en su mayoría al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, algunos también del PRI; son voceros de la realidad de sus propios estados? Llama la atención que sus jefes políticos, se entiende que más allá de la dirigencia nacional de sus partidos es el propio gobernador de sus entidades; se ha pronunciado por los efectos de una salida de las fuerzas armadas de sus territorios y su capacidad para enfrentar al crimen organizado con sus policías estatales y municipales.
Como si el modelo fuera nuevo, no queda claro porque los legisladores coahuilenses que tanto aplauden el modelo de seguridad de Coahuila, ahora se oponen a la propuesta. En nuestra entidad por ejemplo la figura del mando único se podría tomar como un ejemplo de militarización, porque tanto las policías municipales como la estatal, además de las fuerzas armadas, responden a un mando único, que es un militar, un General, para ser más precisos, es decir que las tareas de vigilancia y prevención son comandadas por un mando castrense.
Cosa que no incluye el proyecto de incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, ya que en ninguna parte se señala que está corporación o las Fuerzas Armadas, asuman el control de las policías municipales o estatales. Se entiende que más bien su formación, administración y capacitación, hagan parte de la Sedena, a pesar de su naturaleza civil, que tampoco se ve alterada en el proyecto, es decir que su entrenamiento y capacidad operativa, son muy diferentes a las de los miembros del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea.
Lo que ratifica que la discusión se ha politizado, al grado que sus protagonistas, es decir los legisladores, desconocen los aspectos técnicos y están lejos de velar por los intereses de los ciudadanos, es el silencio de los gobernadores de las entidades más violentadas del país, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Estado de México y Baja California, quienes deberían ofrecer un diagnóstico claro de lo que pasaría en sus entidades si se retirara a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.
En un ejercicio de memoria, algo que ocurrió en nuestra región, y no fue exclusivo de La Laguna, fue que en los años de mayor impacto de la violencia, los ciudadanos salían a las calles a aplaudirles a los militares que iban llegando a reforzar las tareas de seguridad, lo recuerdo claro, y quedó registrado en los medios de comunicación, cuando un convoy de militares cruzaba la avenida Juárez y a su paso, los ciudadanos hartos de estar secuestrados por el crimen organizado respondían con aplausos a esos uniformados, fue en tiempos de una administración panista, la de José Ángel Pérez.
Los aplausos en parte se daban porque en ese momento y en el actual, según los estudios de percepción de seguridad, la ciudadanía confía más en las Fuerzas Armadas que en las policías municipales o estatales. Y como en La Laguna, hay que recordar que la infiltración del crimen organizado a las corporaciones locales de seguridad llegó a tal grado, que en muchas ciudades fueron detenidos casi el total de los policías municipales por vínculos con la delincuencia.
Señalar violaciones a la constitución con la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, no deja ver otra cosa que la politización del tema de seguridad, como toda la agenda pública, y que lejos de velar por los intereses ciudadanos, tenemos un congreso y unos partidos que se dividen en dos, quienes están a favor o en contra de cualquier proyecto que emane de Palacio Nacional, sea bueno o malo, el chiste es estar en contra para fingir una oposición, que lo único que busca es el beneficio electoral en las siguientes elecciones.
Incluso el proyecto de ley deja ver las propias fisuras dentro del PRI, por ejemplo la senadora lagunera Verónica Martínez sale apoyando la postura del grupo del ex secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong; y da la espalda al exgobernador Rubén Moreira, quien por cierto le dio la silla que hoy ocupa en el senado, como si no hubiera vivido en Coahuila y no hubiera sido funcionaria pública en los momento en que el ex gobernador Rubén Moreira tuvo que acudir a las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia organizada en el estado.
Es decir, una postura política, todo lo que venga del impresentable grupo de Alejandro "Alito" Moreno y Rubén Moreira, debe ser desechado por quienes buscan desesperadamente que este deje la dirigencia nacional del tricolor ¿dónde queda el interés por la seguridad del país?
En suma, sería apropiado una postura de todos los gobernadores del país, pero más de quienes son oposición en la actualidad, con un diagnóstico claro que le permita a la ciudadanía entender si pudieran o no enfrentar la violencia sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque para empezar en Coahuila se tendría que desaparecer la figura del Mando Único y eso sería algo que lamentarían muchos coahuilenses.
@uyohan
