Desde hace no pocos años, voces y plumas -prestigiosas unas, otras no tanto-- se han venido expresando en términos muy negativos acerca de los partidos políticos mexicanos. Razón no les falta, ciertamente. Pero una cosa es el análisis juicioso y sustentado en datos duros, señalando a las cosas -pero sobre todo a las personas responsables-- por su nombre, y otra muy distinta hacer de esto una especie de deporte nacional para obtener el aplauso fácil, a costa de los partidos.
Burlas, memes, chistes hirientes, comentarios sarcásticos, ironías de mal gusto, puntadas del peor humor negro, cartones de moneros sin ingenio que han encontrado en los partidos a su villano favorito, todo se vale cuando se trata de esas formaciones políticas con registro, que son los partidos, a sabiendas de que a los autores de ese extenso catálogo de formas de golpear nadie habrá que les responda, replique o reclame.
Así, la crítica es fácil. Porque ninguna consecuencia tiene, en estos casos, tirar la piedra y no esconder la mano. Al contrario, se levantan ambas -tan alto como sea posible-- en espera de reconocimiento y aplauso. Habrá notado el lector que a los partidos en sí nadie los defiende. Nadie. Como si se tratara de organismos dirigidos por fantasmas, nunca hay quien se responsabilice de su -mala o pésima-conducción. No deja de ser significativo que así sea y además no se repare en ello. Como si no estuvieran dirigidos por hombres y mujeres de carne y hueso, todos con nombre y apellido. ¿Qué hacer entones?
Para no entrar en una polémica que ningún sentido tiene, vamos a partir, en la línea de la corriente, de la siguiente hipótesis (de trabajo, como dicen): El sistema mexicano de partidos está formado, en efecto, por cuevas de corrupción, escuelas de maldad, por organizaciones sin ética y sin honor. Todos los partidos comparten estas características, todos tienen -tal vez unos más que otros-- este mismo perfil.
De ser así, vale de entrada tener presente un elemento que en torno a los partidos se incorporó a la Constitución en 1977 al definirlos como "entidades de interés público". Muy importante concepto, sobre el cual poco se ha profundizado.
¿Qué significa que los partidos sean considerados como entidades de interés público? Entre otras cosas, según se entiende, que han de ser objeto de atención y cuidado por parte de la autoridad electoral, que debe vigilar su correcto desempeño, y se ajusten a los términos establecidos por la ley. Pero principalmente han de ser los ciudadanos quienes se hagan cargo del buen funcionamiento de las formaciones políticas que coincidan con su respectiva posición doctrinal o programática.
Es cierto que nadie está jurídica, moral y aun políticamente obligado a afiliarse a algún partido político. Es cierto. Salvo en casos especiales o gravísimos. Por una sencilla razón: La democracia necesita de partidos, le son imprescindibles. Y si tenemos un sistema de partidos putrefacto, da pena decirlo pero la democracia correrá la misma suerte. En consecuencia, en tiempos de crisis -y qué decir cuando se trate de crisis graves- todo ciudadano responsable y consciente está éticamente obligado a asumir la militancia del partido con el que comulgue. Para combatir su corrupción interna.
Que sin partidos políticos no puede haber democracia lo han afirmado de manera categórica y reiterada los más célebres politólogos contemporáneos. En especial Giovanni Sartori. Pero hace más de un siglo, desde 1915, lo señaló el clásico Robert Michels, quien por cierto formuló además la llamada "ley de hierro de las oligarquías", aplicable especialmente a los partidos políticos, tema al que será necesario regresar para redondear la presente propuesta.
Quienes consideren que la forma idónea de resolver la gran corrupción que azota a los partidos se encuentra en la desaparición de éstos, y ser sustituidos por políticos independientes, que volteen a ver dónde están hoy Alberto Fujimori del Perú y "El Bronco" Rodríguez de Nuevo León, los prototipos del político independiente. Casualmente ambos en la cárcel.
