Recuerdo que uno de mis maestros de Ecología Silvoagropecuaria, el Ing. Roberto Nava Coronel, cuando recibía a un grupo proveniente de alguna universidad solía acompañarlos en un recorrido por el departamento de Recursos Naturales Renovables de la "Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro" (UAAAN), incluida la cereza del pastel por El Campo Experimental Noria de Guadalupe, donde él decía, lleno de satisfacción, que ahí se encontraban todas las soluciones de los problemas de las zonas áridas.
En una ocasión recibió a un grupo de maestros universitarios a quienes el profesor Nava volvió a presumir el diseño de aquel extraordinario campo experimental, no faltó quien discutiera tal afirmación, en algún momento de aquella breve disputa salieron a relucir las instituciones y dependencias del ramo agropecuario. Por primera vez escuche al Ing. Nava preguntarse: ¿Qué pasaría si desapareciera la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos? Los que escuchaban callaron y en silencio reflexionaron, esta introspección fue abruptamente interrumpida por la respuesta de lng. Nava, quien expresó: no pasaría nada, ¿acaso se detendría el trabajo de los productores? Claro que no, todo seguiría igual, y por lo menos con lenguaje corporal la mayoría de los profesores estuvieron de acuerdo. (acoto que esto ocurrió en 1977 y que el Ing. Nava no sabe que lo estoy citando).
Pues bueno. Parafraseando al Ing, Nava, yo me pregunto ahora ¿qué ocurriría si desapareciera la Conagua?, mi respuesta es que no pasaría nada, y si revisamos en primer término lo que es la Conagua, con especial atención en su misión, seguramente encontraremos los argumentos para tal aseveración.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es un órgano administrativo, normativo, técnico, consultivo y desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con la misión de preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para su administración sustentable y garantizar la seguridad hídrica con la responsabilidad de los órdenes de gobierno y la sociedad en general.
La misión de la Conagua es la razón principal por la cual esta existe, luego entonces preguntémonos ¿ha hecho todo lo posible por preservar, proteger o resguardar el agua? Muchísimos casos como el de La Laguna dicen que no. Respecto a la administración sustentable de las aguas nacionales, nos queda aún mucho más a deber ya que por lo general permanecen desconocidos sus estudios sobre la evolución y comportamiento de los impactos sociales, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico. Finalmente, ¿garantiza la seguridad hídrica?
Como hemos dicho aquí antes, la seguridad hídrica debe ser el objetivo estratégico de la política del agua en México. Se define como la capacidad de una sociedad para disponer de agua en cantidad y calidad aceptable para su uso. Para dar respuesta a este importante principio es necesario evaluar la situación actual de los recursos hídricos, en calidad y cantidad, así como la gestión del agua. Los estudios relativos al tema indican que la tendencia ya generalizada en México es hacia una cada vez menor seguridad hídrica. El 32% de la población mexicana experimentó inseguridad de agua, es decir, la falta del líquido para realizar y cubrir sus necesidades básicas, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Como podemos ver la Conagua no cumple con su misión que es su razón de ser, luego entonces, la Conagua es un espacio vacío, y no afecta su ausencia. Pero la realidad es otra, tenemos a la Conagua con todo y su mal funcionamiento, y es fundamental orientar sus esfuerzos y los de la sociedad para detener la tendencia declinante de la seguridad hídrica, para ello retomemos las propuestas científicas y de la sociedad civil al respecto: la necesidad de una profunda reforma del sector hídrico en México, que debe abarcar aspectos de gobernanza, en particular legales e institucionales, financiamiento del sector, formación de capital humano y nuevas obras ambientalmente amigables. Debe incluir la modificación de políticas públicas, esta reforma debe ser discutida y acordada socialmente
La nueva Ley General de Aguas es una importante oportunidad en este sentido.
Dicho en otras palabras "el progreso hacia la Agenda 2030 requiere una renegociación de las relaciones de poder a todos los niveles, la participación equitativa y la representación de todos los grupos que son (o corren el riesgo de ser) dejados atrás, así como de nuevas alianzas, a fin de transformar los procesos económicos, sociales y políticos que orientan la gestión de los recursos hídricos e impulsan la prestación de servicios seguros y asequibles de agua y saneamiento".
